La ley de austeridad fiscal es un imperativo en este tiempo y tiene que venir antes que cualquier reforma tributaria, y no al mismo tiempo porque ese “camelo” ya lo escuchamos en la anterior reforma del 2004, dijo ayer Sebastián Acha, director ejecutivo de PRO Desarrollo, durante la presentación del informe sobre economía subterránea.
Se refirió de este modo a un plan del ejecutivo de realizar una cuarta reforma tributaria, pero al mismo tiempo aprobar un plan de contención de gastos. Ambos proyectos se presentarán en marzo, según las estimaciones oficiales.
Acha detalló que venimos de una reforma inconclusa, ya que en la anterior de 2004 el Gobierno se comprometió a una reestructuración integral del gasto público. “En 14 años esa reforma no se cumplió, los ingresos tributarios se cuadruplicaron, pero no fueron a parar precisamente en las áreas de necesidad. Así como aumentaron los ingresos también subieron los gastos”, indicó.
El titular de Pro Desarrollo añadió que esta reforma de los gastos requiere de un pacto que debe involucrar a todas las fuerzas políticas dejando de contratar a amigos y de amañar licitaciones. Tenemos que hacer un esfuerzo para gastar de una mejor manera.
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Acha también hizo mención a un lapidario informe del Banco Mundial que dejó al descubierto las deficiencias en el manejo del gasto público. Añadió que el referido informe es contundente, en el marco del estudio de las reformas pretendidas por el Gobierno.
“Finalmente la pregunta que nos tenemos que hacer es para qué queremos recaudar más, cuestionó el ejecutivo.
Economía subterránea
Además del mal gasto de los recursos públicos, también persiste otra gran barrera para la economía, debido al gran número de pobladores que subsisten en la sombra de la informalidad, que genera una gran fuga de recursos a causa de la evasión, teniendo al contrabando entre sus principales fuentes.
El dinero ilegal que circula en la economía y que se mueve en la sombra proviene también de actividades como narcotráfico, corrupción, sobornos, entre otras, que representaron unos US$ 11.652 millones en 2017. Su valor implica en tamaño a cerca del 38,6% del producto interno bruto (PIB).
Acha indicó que para reducir los niveles de informalidad se requieren primero instituciones de control más fuertes, un cambio cultural por parte de la población, generar estímulos a la formalización, y facilitar a los pobladores herramientas más amigables y sin tanto protocolo.
Esperan debate participativo
Para el empresario Pedro Fadul, la propuesta de una reforma tributaria es interesante, ya que ve apertura de las autoridades para un debate abierto participativo. Mencionó que hubo muchas dificultades de diálogo y entendimiento con la exviceministra Marta González, que derivó en fricciones innecesarias y acciones ante la Justicia que se podían haber evitado. “Esperamos que se escuche y respete la opinión de todos los sectores afectados con estos cambios”, puntualizó.
