Señala que estos territorios deberán ser constituidos legalmente, debidamente catastrados y certificados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) o la gobernación o municipalidad solicitante, en la que se establece 300 kWh/mes de consumo subsidiado por cada familia miembro de la comunidad.
Cabe recordar que la propuesta también plantea reducciones tarifarias que oscilan entre 90% y 50%, de acuerdo con las categorías (vulnerables y muy vulnerables) de los usuarios (ver infografía).
El documento fue presentado en la Cámara de Diputados coincidentemente con el proyecto de ley entregado por los partidos Liberal Radical Auténtico y Frente Guazú, en el que plantean un subsidio generalizado, financiado con los recursos utilizados por las entidades binacionales para sus “inversiones sociales”.
Indica que el consumo de energía eléctrica de cada comunidad será registrado mediante “medidores totalizadores” a ser instalados por la ANDE. Añade que la subvención será aplicado hasta un consumo mensual y consumo subsidiado, que será facturado según la tarifa sin subsidios. Acota que la factura será emitida a nombre de la comisión solicitante, certificada por el MDS o a nombre de las gobernaciones o municipalidades proponentes de los territorios de interés social.
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Por otra parte, señala que en los casos propuestos por el MDS, el subsidio resultante de la aplicación de esta tarifa social comunitaria será descontado previamente, y sin más trámite, de la transferencia que regularmente hace la ANDE al Estado en concepto de IVA, impuestos a la renta y aportes intergubernamentales, según necesidad.