A las 11:00 los especialistas en tributación prevén reunirse para tener el texto final del documento, según informó ayer el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, en conversación telefónica con este diario.
La idea es tener la propuesta terminada de tal manera a presentarla al presidente de la República, Horacio Cartes, el próximo lunes o a más tardar el martes, según lo agregado.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Beltrán Macchi, dijo a la prensa que hay un principio de acuerdo con el Gobierno, luego de semanas de puja sobre el Decreto 6560, publicado a fines del año pasado, que modifica la reglamentación del IRP y es cuestionado por los gremios empresariales y profesionales tributaristas.
Sin embargo, “hay detalles que aclarar porque es una cuestión muy técnica”, agregó Macchi, sobre todo para “evitar futuras reinterpretaciones del decreto”.
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El empresario conversó con los medios de comunicación tras una conferencia de prensa realizada ayer en Hacienda, en el marco del lanzamiento de una campaña de educación financiera.
“Hay puntos relativamente simples de acordar. El criterio de lo percibido versus lo devengado y la vigencia (del decreto, que será finalmente desde 2017) son dos puntos que no tienen mucho secreto; ahí es cuestión de una definición. Pero después entramos en el detalle de las deducciones y ahí hay que tener la punta del lápiz bien fina, para ser precisos”, afirmó.
Abogados, contadores y especialistas en tributación, que presentaron a la SET un dictamen por el Colegio de Abogados y Colegio de Contadores, habían señalado que el decreto “es aberrante”, porque viola la ley y la Constitución.
Los profesionales sostienen que el Decreto 6560/16 limita lo que la Ley 2421/04 y sus modificaciones no limitan. Eso, de acuerdo con las explicaciones dadas, trasgrede el Art. 137 de la Constitución Nacional sobre prelación de la ley.
Además, otro punto cuestionado es la retroactividad de la normativa, pues en principio el Gobierno pretendió que los cambios introducidos repentinamente a fines del año pasado se apliquen para el ejercicio fiscal 2016, pero los empresarios lograron la promesa de que, finalmente, las nuevas reglas de juego correrán desde este año 2017.
Hablan de decreto irregular
El dictamen firmado por el abogado y contador Francisco Méndez Barrientos, especialista en tributación, señala que “la inconstitucionalidad es un vicio o defecto que adolece una norma jurídica, porque ha sido dictada en contra de los preceptos de la Constitución Nacional”. En tal sentido, “tanto el decreto como la resolución recientemente emitidos por la SET son irregulares porque reglamentan negando derechos, ampliando, restringiendo y alterando conceptos que se encuentran consignados en la ley del IRP”. Y resalta: “Bajo ningún concepto la SET puede tocar o alterar el texto, estructura y sentido de la ley”.