Temen que la negociación en Itaipú corra la misma suerte que Yacyretá

El canciller Eladio Loizaga pretende instalar en Itaipú la misma mentira de la negociación instalada en Yacyretá, afirmó Escauriza. Recordó que el próximo 27 de marzo se cumplirán tres años del vencimiento del plazo establecido en el Anexo C del Tratado de Yacyretá para su revisión, donde se debió verificar el nivel del endeudamiento de la binacional, en relación con lo que consumieron el Paraguay y la Argentina, respectivamente, señaló el especialista.

“Hasta la fecha, las autoridades del Poder Ejecutivo ni siquiera pueden acceder a la documentación respaldatoria de los registros del pasivo de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá”, afirmó Escauriza, quien integró la subcomisión de deudas, de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), que asesoró a la Cancillería Nacional entre 2008 y 2011.

Recordó lo que dice textualmente la cláusula de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú: “Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas, después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento, y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de los dos países”. El plazo establecido de 50 años se cumple en 2023; mientras que en el caso de Yacyretá, el tratado establecía 40 años para la revisión, los que se cumplieron en marzo de 2014.

Sin embargo, la revisión del Anexo C se inició recién en junio de 2014 a pedido del Gobierno paraguayo, sin que hasta el momento haya un acuerdo que apunte a la clarificación de las cuentas de la entidad binacional, que sigue siendo el objetivo principal de las negociaciones.

Escauriza insistió en que el grado de amortización de las deudas que contrajo la EBY, así como los números de sus ingresos genuinos, siguen ocultos, y teme que lo mismo ocurra en Itaipú, cuando llegue el momento de revisar la cuestionada deuda. Al respecto, en diciembre de 2010 la Contraloría General de la República emitió un informe en el cual declaró ilegal la deuda de US$ 4.194 millones generada por el incumplimiento del tratado y avalada en 1997 por el gobierno del Ing. Juan C. Wasmosy.