El miércoles último declaró en la citada causa el arquitecto Carlos Alberto Achucarro, asesor de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y en su testimonio dijo estar en conocimiento de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que conduce la licitación para la modernización del aeropuerto, “fabricó” un dictamen de contenido falso para favorecer a Sacyr, principal oferente en competencia, según se puede leer en una copia de la declaración. Esta licitación será cancelada a pedido de Contraloría, que emitió un contundente informe en estos días.
El dictamen al que Achucarro hizo referencia en su declaración fue firmado por los asesores jurídicos del MOPC, Dionisio Mereles y Macarena Duarte, y en él negaban la vinculación de Sacyr con la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, cuando que en dicha sociedad la citada firma tiene el 67% de sus acciones.
Achucarro también mencionó las disposiciones del pliego que hacen referencia a las inhabilidades e incompatibilidades para ser oferente establecidas en la Ley de Alianza Público-Privada (APP) y en el pliego de bases y condiciones y que impiden a una empresa, a su filial o a cualquier empresa vinculada a ella, competir en el proceso. Estas circunstancias fueron apuntadas en su informe por la Contraloría.
En el dictamen de Duarte y Mereles, que había sido solicitado por la ingeniera Claudia Centurión, se amparó el comité de evaluación para mantener en competencia a Sacyr, estando en conocimiento del proceso que afectó a esta en Murcia y de los más de 20 que le afectan en otros países del mundo.
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El delito de prevaricato que investiga la fiscalía tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta cinco años, mientras que la producción de documento público de contenido falso, de hasta 10 años.
Dictamen anula todo
El dictamen producido por Contraloría, tras una auditoría que dice les tomó tres meses, revela que el pliego elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tenía disposiciones que no eran coherentes ni con la ley ni con el decreto reglamentario. Habla, incluso, de contradicciones, específicamente respecto a las inhabilidades e incompatibilidades. Confirma también que la cartera debió declarar “desierta” la licitación hace meses, cuando que se estaba preparando para adjudicar a Sacyr. Por último, cuestiona que la cartera no haya hecho un llamado a precalificación.