Las entidades bancarias y financieras no solo cancelaron las tarjetas de crédito que estaban en circulación tras la vigencia de la referida ley, sino también dejaron de emitir nuevos plásticos.

La cancelación y la no emisión afectan a las personas del segmento de la población de menores ingresos, en promedio hasta G. 5 millones, de acuerdo a lo señalado por referentes del sector.

En el caso de la no emisión de nuevas tarjetas, igualmente dejó sin posibilidades de acceder a este medio de pago y de financiamiento a los jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado laboral.

Cristian Heisecke, directivo de la Asociación de Entidades Financieras (Adefi), había señalado que los jóvenes eran los primeros en ser abordados por las entidades, pero que ahora tampoco son sujetos de crédito en estas condiciones.

Los empresarios del sector coinciden que la ley terminó perjudicando al sector que se pretendía proteger, teniendo en cuenta que estos fueron a parar a manos de usureros y de casas de crédito no reguladas, con tasas de interés que, incluso, llegan al 90%.

En el sector bancario son más de 116.000 tarjetas canceladas hasta diciembre de 2017, lo que en materia de transacciones comerciales representó una caída de más de G. 448.000 millones (US$ 82 millones), situación que impactó en las empresas y en la economía, de acuerdo con los estudios realizados.

Con este panorama, según Heisecke, los efectos que tiene la ley es inconsistente con la estrategia de inclusión financiera que se impulsa en el país y que más bien estamos en un proceso de exclusión.

El último informe del Banco Central del Paraguay (BCP) incluye un comparativo de tasas con países como Chile y Perú. En el primero el año pasado era del 22% y en el segundo, 33%; en tanto aquí es del 14%.