De acuerdo con lo informado ayer por el fiscal adjunto, Federico Espinoza, por instrucción del fiscal general del Estado se resolvió ordenar el inicio de una investigación penal de oficio.
“Se advierte la existencia de circunstancias fácticas que tendrían relevancia penal, de ahí que ameritaría la apertura de una investigación de oficio en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción”, señala el argumento técnico de la resolución 61 de dicha Unidad.
Igualmente, agrega, se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el manual de procedimientos internos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para iniciar una investigación de oficio, “en cuanto a la forma de conocimiento de los hechos, presunta víctima, resumen de los hechos, fecha probable de realización de los hechos detectados, tipo penal en que se subsumirían los hechos detectados y evidencias con que se cuentan”.
“Los primeros cuatro elementos se encuentran en las publicaciones periodísticas. En cuanto al tipo penal en que se subsimirían los hechos detectados sería el cohecho pasivo. El carácter excepcional de la apertura de esta investigación surge del impacto social que genera el caso, tratándose de una institución pública como el Indert, como así también la complejidad de la causa y la supuesta vinculación de funcionarios públicos en la comisión de los hechos relatados”, añade.
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El fiscal Espinoza explicó que se van a pedir los informes pertinentes a las entidades públicas y privadas y que de darse una imputación, tendrían seis meses de plazo ordinario.
Según las denuncias recibidas, existiría un sistema de recaudación que aparentemente involucra al presidente del Indert, Justo Cárdenas, así como a su funcionario de confianza, Santiago Ochippinti, director de Inversiones del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides). Esta dirección es la que gestiona la construcción de los famosos pozos a través de dudosas ONGs, que son adjudicadas con criterios absolutamente arbitrarios, según se pudo corroborar.
Supuestamente, después de que el Indert le gira un cheque a la ONG, esta debe entregar el 30% del monto recibido y, para el efecto, existen funcionarios que acompañan al representante de la organización hasta el Banco Nacional de Fomento (BNF) para retirar el dinero.
No conformes con eso, según nuestras fuentes, hay veces que desde el Fides presionan para que se pague aún más. ABC publicó días pasados la denuncia sobre tres depósitos que aparentemente se hicieron en ese concepto en la cuenta de Ochoppinti, N° 82005716/1 del Banco Itaú: Fue el 28 de enero de 2016 por valor de G. 24 millones; el 10 de junio de 2015 por G. 15 millones; y el 23 de julio de 2015 por G. 30 millones.
La Fiscalía investigará ese hecho puntual y a partir de allí se verán también otros presuntos delitos. Según los datos, el fiscal designado es René Fernández.
Polémico espacio reservado
Justo Cárdenas declaró ayer a radios y TV que el diario ABC censuró un espacio reservado en el que se mostraban decenas de fotos de pozos y tanques instalados en localidades del interior. En las entrevistas, dijo que la publicación era de una ONG pero en su Twitter reconoció que pertenecía al Indert.
Al respecto, este diario cumple en aclarar que fue la presidenta de la Fundación Resedá Poty, Patricia Ozorio, quien pretendió publicar dicho espacio reservado, en nombre de 22 ONGs, pero sin demostrar la conformidad de los demás organismos. Por otro lado, no es necesario gastar dinero estatal para responder publicaciones, pues las puertas de este diario están abiertas para que el titular del ente venga a responder los cuestionamientos.
gbenitez@abc.com.py