Tratando de evitar imputaciones y juicio, ONG devuelve dinero al Indert

Después de las denuncias de los propios pobladores de Horqueta (Concepción), que se difundieron a través de la prensa y que derivaron en investigaciones del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) resolvió que los organismos contratados devuelvan el dinero por los trabajos no realizados. En el caso de la ONG Fucela, representada por Edelmira de Giacomi de Andreotti y Patricia Zulma Báez, el monto devuelto fue de G. 49,6 millones, según notificación de febrero pasado al que accedió este diario (ver facsimilar).

La actual administración del ente agrario, presidida por Justo Cárdenas, había realizado un primer desembolso de G. 1.236 millones a Fucela, en junio de 2015. Tras una supuesta verificación de funcionarios de Cárdenas, se labraron actas en las que dijeron que las obras estaban con el avance adecuado, lo que posibilitó el desembolso final, de los restantes G. 1.236 millones, ese mismo año. Pero a marzo de 2016, los pobladores de los asentamientos Choferes del Chaco, Espajín, Cuartelero, Ybyraty y Pehuahó San Francisco aún no tenían el servicio de agua potable.

El titular del Indert realizó una férrea defensa a la ONG, que no contrató a una empresa formal y reconocida de construcción para la perforación de pozos, sino que lo hizo a la firma Eclosión, del parlamentario del Mercosur por el Partido Colorado, Pedro Benítez Almirón.

“El ente rural llevó a cabo una exhaustiva verificación de cada sistema de agua en construcción, constatándose in situ un porcentaje promedio de 70% de avances en las distintas obras. Esas verificaciones fueron realizadas por el Arq. Gustavo Escobar, el topógrafo Arnaldo Chamorro y el gerente de Obras, Inocencio Bogado. Estas construcciones ya están proveyendo agua potable a las familias de cada lugar, pese a que oficialmente ninguno de los sistemas fue recepcionado aún por el instituto, quedando todavía 90 días para la recepción final de las obras”, había dicho el ente en un comunicado, el año pasado. Pero incluso entonces, las familias volvieron a desmentir esos datos y dijeron que no estaban recibiendo agua potable y lo que salía era un “líquido rojizo” no apto para el consumo.

En conversación telefónica con ABC, el presidente de la comisión vecinal de Espajín, Albino Jara, dijo ayer que actualmente los sistemas de agua potable están funcionando, pero el servicio no alcanza a la totalidad de los pobladores.

“El problema es que falta cañería, porque no levanta tanta agua como tiene que levantar. Faltan por lo menos 1.000 metros. Y la empresa que hizo los trabajos desapareció”, afirmó.

La ONG responsable de esos trabajos no realizados devolvió parte del dinero recibido, pero el monto es apenas el 2% de todo lo que el Indert le había entregado en el año 2015. Aparentemente, sigue habiendo una enorme diferencia entre el valor real de la obra que entregaron a los vecinos de Horqueta y la que en principio se proyectó en los papeles.

Por ese motivo, la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía continúa realizando las investigaciones correspondientes. La causa fue repartida entre varios fiscales.

Más de US$ 20 millones

A través del departamento llamado Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), el Indert entregó entre 2015 y 2016 más de US$ 20 millones a dudosas ONG, para la construcción de sistemas de agua potable en el interior del país.

A través de investigaciones periodísticas, se corroboró que la mayor parte del millonario fondo fue a parar a manos de políticos colorados, pues las ONG subcontrataban a las “empresas” de estos.

El Indert lograba eludir la Ley 2050 de Contrataciones Públicas al trabajar con una ONG, en lugar de hacer una licitación y contratar directamente a la firma de construcción para las obras.

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