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Desde enero pasado y llamativamente durante todo el período electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no publicó la planilla de sus funcionarios en el portal institucional, tal como dispone la Ley 5189/14 de Acceso a la Información Pública o Transparencia, según el último informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Tampoco comunicó el movimiento del personal a la SFP. El TSJE y 9 Municipalidades no cumplieron con lo establecido en la referida Ley.
En la lista están la Municipalidad de San Alfredo, Villa del Rosario, Mbocayty del Yhaguy, Gral. Eugenio A. Garay, Nueva Londres, Tebicuarymí, Ybytimí, San Juan Bautista del Ñeembucú, Carmelo Peralta.
Cabe remarcar que la Justicia Electoral tiene 6.462 funcionarios, entre permanentes y contratados. Es una de las instituciones que históricamente es sacudida por denuncias de planillerismo.
En los últimos años aparecieron el caso de las 3 esposas planilleras de Manuel Radice, amigo de Zambonini que se privilegiaron con sueldos de “asesoras” de la institución. Parientes, suegra y domésticas del amigo se alzaron con jugosos sueldos sin dejar evidencias de productividad.
En el 2015, salió a la luz el caso de malversación de viáticos y los propios ministros, Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini reconocieron la situación y le tiraron el fardo de la mala utilización de recursos a la exadministradora Liliana Benítez.
Cristina Bogado, ministra de la Secretaría de la Función Pública, dijo ayer a radio Cardinal que numerosas instituciones no respetan en su totalidad la Ley N° 5189/14, que habla de la transparencia. De acuerdo a los datos del mes de julio, 319 entidades (76,5%) tienen un “cumplimiento intermedio”.
Por su parte, 88 instituciones (21,1%) tienen un cumplimiento del 100% y 10 entidades (2,4%) directamente no la cumplen.
El administrador de la Justicia Electoral Olindo López, señaló que “por problemas técnicos” no están publicando la nómina. Dijo que en la semana se estará regularizando la publicación de la lista de funcionarios.
Acudirá al procurador
Desde la Función Pública respondieron que la ministra Cristina Bogado acudirá al procurador general de la República a fin de articular la ejecución de las sanciones.
La ministra señaló que la multa actual por incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública es de G. 14 millones mensuales.
En el caso del TSJE, la infracción del incumplimiento asciende a unos G. 85 millones, según planilla de la SFP.
Mientras los organismos de control buscan mecanismos de transparencia, a diario las planillas de asalariados públicos siguen extendiéndose con recomendados y allegados de políticos.