El agente solicitó a Petropar copias de los contratos que aparecen en el escrito de denuncia, que fue presentado por el asesor legal de la Procuraduría General Ariel Salinas.

Los hechos habrían ocurrido durante la administración anterior, que era presidida por Eddie Jara Rojas.

Según los datos, hubo provisión irregular de gas licuado de petróleo (GLP) a la firma Buenaventura SA, propiedad de Fernando Rafael Ramos, por el lapso de seis meses, lo que habría causado un daño de G. 1.500 millones y también provisión de diésel a la empresa Glencore International AG, ocasionando un presunto perjuicio de G. 1.383 millones.