Los políticos colorados, senador Gustavo “Pipo” Alfonso y diputado Fernando Ortellado influenciaron en los cañicultores de la zona para lograr la destitución del cuestionado gerente de la planta alcoholera de Petropar, Juan Manuel Yambay, quien ya ocupaba el mismo cargo durante el gobierno anterior. La protesta se realizó durante varios días, y ayer incluyó una velada amenaza a través de una nota remitida a la presidenta interina de la estatal, Catherine Vargas.
La maniobra “autorizada” por “el primer anillo” del mismo presidente Horacio Cartes fue acceder al chantaje interpuesto por los cañicultores y políticos de la zona, a través de una nota en la que emplazaron a Vargas (ver facsímil) para que inmediatamente nombre a Giret en el citado puesto. Ante la negativa de la misma para rubricar la resolución de nombramiento, el funcionario de confianza del Grupo Cartes en Petropar, el también cuestionado Carlos Cañete, planificó “concederle permiso de un día” a Vargas, para que la resolución sea rubricada por el gerente interino de la estatal, William Wilka, quien ayer fue “nombrado” presidente interino de Petropar.
Surgieron insistentes rumores de la renuncia de Vargas, la cual fue desmentida luego por el propio Wilka, quien negó que la misma haya dejado el cargo. Con esto se confirma el manejo político y prebendario que siempre caracterizó a Petropar, que no solo es manejado al arbitrio de los diferentes gobiernos, sino también por los políticos de turno.
Existen denuncias de corrupción en la alcoholera de Troche, implementadas de antaño, y que afecta a la saliente de Yambay, de supuestas coimas para obtener privilegios en la entrega de caña de azúcar a la planta, lo que es casi un hecho de que siguiría durante la “nueva” gestión de Giret.
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