Los representantes de la Comisión para el cumplimiento del tratado de Yacyretá presentaron un segundo urgimiento a la fiscala de Delitos Económicos, María Victoria Acuña, para que impute a las personas que desde sus cargos en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) consintieron la violación del tratado así como la vigencia de la Nota Reversal de 1992 (NR 92), rechazada por el Legislativo en 1995.