Teresa Dolores Rotela Ortiz, funcionaria del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), aparece en documentos oficiales del Indert como titular de la empresa “Actividades de Construcciones y Servicios SA”, y como vicepresidenta figura Petrona Duarte de Gómez. Sin embargo, en visita a nuestra redacción, Rotela aseguró que ella jamás creó una sociedad anónima, no conoce a ninguna Petrona Duarte y que se falsificó su firma, por lo que ayer presentó ante la Fiscalía una denuncia por asociación criminal, declaración falsa y producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Según los informes del ente agrario, obtenidos a través del portal de Acceso a la Información Pública, la firma Actividades de Construcciones fue contratada por la Asociación Alto Forest por la suma de G. 6.640 millones, para construir sistemas de agua potable en varias colonias de San Pedro y Caazapá (ver cuadro).
Alto Forest, presidida por Verónica Elvira Coronel Nakagawa, supuestamente adjudicó a la mejor oferta. Pero en realidad, con esta denuncia se apunta una vez más a que la elección de “constructoras” es absolutamente arbitraria y que al parecer hay una repartija de fondos públicos que incluso estaría llegando a autoridades del Indert y políticos.
Dueña de ONG sería la falsificadora
Según la denuncia penal presentada ayer ante la Fiscalía, quien habría falsificado la firma y estaría metida en el “negocio” de los pozos del Indert es Patricia Karina Osorio, titular de la Fundación Resedá Poty, que fue adjudicada con más de G. 20.139 millones para la provisión de sistemas de agua.
Osorio es la misma que semanas atrás había venido hasta ABC y pretendió publicar un espacio reservado con una férrea defensa a la gestión de Justo Cárdenas, titular del Indert, y esa publicación intentó adjudicar a todas las ONGs, que este diario no permitió porque esta persona no trajo poder que acredite la conformidad de dichas entidades.
¿Pero cómo aparece esta aparente producción de documentos de contenido falso? De acuerdo con los datos, Rotela trabajó en el 2011 para las agroveterinarias “Coetí” y “San Sebastián”, propiedades de Osorio. Ese mismo año, se enteró por casualidad que su jefa había creado una SA a su nombre, pero cuando se lo reclamó, recibió la respuesta de que eso “no es nada” y que “no iba a funcionar”, por lo que sus datos quedarían desvinculados de la compañía recientemente formada.
La trabajadora explicó que grande fue su sorpresa hace 10 días, cuando se enteró a través de una publicación de este diario, que su nombre sigue figurando como titular de la SA en cuestión y que además, se están realizando millonarias transacciones que ella desconocía completamente.
Por ese motivo, presentó formal denuncia con patrocinio del abogado Víctor Hugo Augsten, de modo a deslindar responsabilidades y averiguar qué persona gestionó los fondos públicos y quién terminó cobrándolos.