Uso de bonos en obras paralizadas sigue afectando ejecución del MOPC

Con relación al rechazo del Senado hacia el préstamo de US$ 200 millones del BID para obras que ya están en ejecución, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, dijo ayer que el presupuesto de la cartera sigue siendo afectado por aquella reformulación que hubo que hacer hace tres años, para reactivar 100 contratos que este Gobierno encontró paralizados. Para que las obras continúen, se tuvo que usar US$ 140 millones de los bonos, recordó.

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La semana pasada, senadores rechazaron un préstamo de US$ 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la continuidad de 450 contratos de obras, financiadas hasta el momento con fondos provenientes de la colocación de bonos soberanos. Para el rechazo se alegaron “desprolijidades” en el pedido, pues según el contrato, el dinero no estaba atado a obras específicas, sino a todas las que están en ejecución.

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recordó que en el 2013, cuando asumieron, los recursos provenientes de bonos que recibieron entonces estaban destinados a financiar cuatro grandes obras, cuando, en contrapartida, había más de 100 contratos paralizados.

Dijo que en aquel entonces, tomaron la decisión de cambiar el destino de esos recursos (US$ 140 millones) para que los trabajos que ya habían sido iniciados pudieran continuar y que, como consecuencia, las grandes obras que fueron licitadas más tarde, obras consideradas emblemáticas, se quedaron sin todo el financiamiento.

Mencionó concretamente el caso del ensanche de la Ruta III, la rehabilitación de la Ruta VIII, la construcción del superviaducto, entre otras, que –reconoció– fueron licitadas sin todo el financiamiento, debido al bicicleteo de hace tres años.

Constructores temen paralización

Jorge Moreno, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), dijo que cuando al inicio de este Gobierno se anunció un aumento exponencial en el presupuesto de Obras Públicas, las empresas invirtieron en equiparse con tecnología de última generación y capacitación del personal.

Dijo que están endeudados por lo menos entre 5 y 7 años como consecuencia de la gran inversión que hicieron y que si, en contrapartida, la inversión pública en infraestructura no es sostenible en el tiempo, la construcción, una industria que emplea a 50.000 personas, estará seriamente afectada.

“Como emprendedores no merecemos pasar por esta situación. Nos van a fundir. Nosotros creímos en el discurso consensuado entre el Ejecutivo y el Congreso en aquel entonces”, puntualizó.

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