Llamativamente, las “ampliaciones de obras” que se dan en casi todos los emprendimientos viales que licita el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), llegan al 20% que correspondería al máximo “sobrecosto” que permite la ley de Contrataciones Públicas.
Vale señalar que dicho porcentaje se refiere al precio de oferta, pero para conocer el costo final de una obra después de concluido los trabajos, a dicho incremento habría que sumar los mayores costos que resultan de la aplicación de las fórmulas de ajuste, más las actualizaciones durante las prórrogas de los plazos contractuales, los gastos de estudios, proyecto y fiscalización, números que el Ministerio nunca da a conocer.
La ruta Luque-San Bernardino es un ejemplo. La vía asfaltada de 31 km de extensión adjudicada con un plazo contractual de 24 meses, fue recepcionada por el Ministerio después de casi cuatro años de iniciarse los trabajos.
El 1er. tramo de 9,8 km que comienza en Luque, estuvo a cargo de la firma Proel Ingeniería. Su costo inicial de G. 23.403 millones se encareció G. 4.642 millones y terminó costando G. 28.045 millones.
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El 2º tramo de 21,31 km estuvo a cargo del Consorcio del Lago (EDB Construcciones y Chávez Construcciones). El costo contractual de G. 73.100 millones aumentó G 14.603 millones por lo que finalmente el costo de este tramo trepó a G. 87.703 millones.
Vale decir que en total la obra demandó una inversión de G 112.000 millones que comparado con el costo inicial tuvo un encarecimiento de G 19.245 millones, pero significativamente, no se hicieron público el costo final de la obra sumado el ajuste de los precios (que de 2 años pasó a 4 años), más lo que costó el estudio de factibilidad, diseño final, estudio de impacto ambiental y la fiscalización después de los 4 años de trabajo.
La autopista Ñu Guasu es otro ejemplo. El 1er. tramo (Botánico-Aº Itay) de unos 3 km, donde construyen actualmente el viaducto y dos túneles, a cargo de las empresas Tecnoedil-Heisecke SA y Ocho A. El monto original del contrato de G. 112.799 millones, tuvo una ampliación que llegó al tope del 20% que establece la ley de Contrataciones Públicas, con lo cual el precio de la obra de este tramo se elevó a G. 135.000 millones, aproximadamente.
En el 2º tramo a cargo de las empresas CIV SA (Isacio Vallejos) y M&T Construcciones (Julio Mendoza), el monto original del contrato de G. 85.339 millones, con la ampliación del 20% se llegó a un monto aproximado de G. 103.000 millones. Los trabajos llevan dos años de atraso donde la falta de liberación de la franja fue solo uno de los múltiples problemas que tuvo la obra.
En la Transchaco
En febrero de 2015 el Ministerio firmó el contrato correspondiente a la Licitación Pública Internacional MOPC Nº 86/2014 para la “rehabilitación de la Ruta IX tramo Mcal. Estigarribia -La Patria (58 km) y mantenimiento del tramo La Patria-Tte. Infante Rivarola (115 km)”, ubicado en el Dpto. Boquerón con el consorcio Rovella Carranza SA asociada con Concretmix, por un monto inicial US$ 60.266.319.17 y un plazo de ejecución de 30 meses.
Antes de iniciarse los trabajos, la fiscalización a cargo del consorcio ACI Proyectos -Cialpa, después de la revisión del proyecto original elevó 15,01% el costo contractual de la obra.
Si bien la ley de obras públicas considera incompatible que las empresas se desempeñen como consultor y constructor (juez y parte), en la práctica existirían “vasos comunicantes”, lo que explicaría los sobrecostos.
Otro problema muy común es la falta de liberación de la zona de obra que alargan los plazos y elevan los costos. Para salvar este inconveniente, en la región es de rigor que las vialidades liciten antes la mensura de la zona de la obra, y previa inscripción en catastro y registro de la propiedad, lo incorporen al inventario vial de Obras Públicas, de modo que no sea una excusa para alargar los plazos de ejecución.
ccaceres@abc.com.py