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La objeción se efectuó a partir de la recomendación de la cartera fiscal, cuyo titular, Benigno López (hermano del presidente de la República, Mario Abdo Benítez), había adelantado que no existen recursos para atender mayores gastos y menos para salarios.
De acuerdo a los datos manejados con anterioridad, la ampliación de gastos para la Fiscalía tendrá un impacto financiero de G. 18.000 millones para lo que resta del presente año, pero para el ejercicio 2019 significará unos G. 130.000 millones.
El mayor gasto aprobado por el Congreso implica un aumento salarial de entre 10% a 18% para el personal de la referida repartición, y se alega que esta situación estimulará además a otras entidades del Poder Judicial a que también reclamen un salario igual al pretendido por la Fiscalía.
El proyecto de ley vuelve al Parlamento para que las cámaras decidan al respecto, y para que sea levantado el veto deberá ser aprobado por Senadores y Diputados. En el caso de que logre reunir los votos, el Ejecutivo se verá obligado a promulgar la ley y prever su inclusión en el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Desde la Fiscalía, por su parte, los funcionarios presionan por la aprobación de la ley mediante manifestaciones y huelga.