Nuestro diario publicó que pese a los incumplimientos de contrato por parte de la brasileña Vetorial, una vez que hubo rescisión a finales de 2017, no le ejecutaron la póliza de US$ 5 millones. El jueves quisimos preguntar a Vinader cuál era la empresa aseguradora, pero no pudimos dar con él.
Sin embargo, ayer el interventor judicial nos respondió la llamada y al consultársele sobre la empresa aseguradora, respondió que en realidad la arrendataria jamás constituyó ninguna póliza, sino que en lugar de eso, entregó un adelanto de dinero. La fuente no quiso precisar el monto de dicho adelanto, alegando que lo haría la próxima semana, con más detalles.
Vinader, quien está como interventor judicial de Acepar desde finales de 2013, adelantó que dichos fondos se utilizaron, supuestamente, para cubrir los pasivos de la acería (sueldo de funcionarios, insumos, proveedores, etc.), hecho que era necesario para reactivar la planta, según sus explicaciones.
Al preguntarle por qué no se exigió póliza, tal como establecía el contrato de arrendamiento en su cláusula novena (ver facsímil), respondió: “Lo que hubo fue una sustitución de garantía. Teníamos otro tipo de garantía. Ellos nos dieron un anticipo y nosotros le teníamos que devolver y ahí le retuvimos y fue lo que quedó de garantía y eso ahora estamos adjudicándonos”.
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Sobre la situación de la planta, que hoy está paralizada, dijo que urge reactivarla y que para ello es necesario que un nuevo grupo empresarial inyecte capital, además de definirse la titularidad de la acería, que está en ámbito de un arbitraje judicial. “Yo soy un administrador judicial y ahora en esta situación, con poca fuerza para poder actuar. Hay mucha inquietud de los posibles inversores hasta por el ámbito político. Acá lo importante sería que el arbitraje se resuelva (ya sea a favor del Estado o el privado) y que el dueño lleve adelante el plan de negocios que le convenga. Eso le va a dar más fuerza para una eventual negociación, de la que pueda tener yo”, afirmó.
Procuraduría responsabiliza al interventor
ABC conversó también con el procurador general, Abog. Francisco Barriocanal, sobre la implicancia de la institución a su cargo en la situación de Acepar. Más aún considerando que el contrato de arrendamiento con Vetorial, que había sido firmado a mediados de 2014, llevó la rúbrica de Vinader y del entonces procurador, Roberto Moreno.
Al respecto, Barriocanal aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene injerencia en las gestiones de la acería. De hecho, la participación de Moreno “fue básicamente la de un testigo de honor”, como una autoridad que formó parte de las negociaciones pero que no tiene responsabilidades en la ejecución del contrato. “En concreto, todo lo que hace a la administración, cae a cargo del interventor judicial”, dijo.
No obstante, en el arbitraje la PGR sí tiene un rol trascendente, añadió, y en tal sentido, se está tratando de conformar el Tribunal Arbitral, que desde el 2016, tras la salida de Antonio Fretes, está desintegrado. Según explicó, la pelota está ahora en cancha de la Corte.
Falta interés de la Corte
Según informó Vinader, dos grupos empresariales chinos y un grupo americano son los interesados en arrendar la acería. Para todos ellos, es importante que se resuelva si Acepar es del Estado, tras la interrupción de la privatización, o de el consorcio Cosipar.
Al respecto, Barriocanal dijo que hubo pedidos de urgimiento por parte de la PGR, pero que “jugó en contra que desde la propia Corte no haya habido el interés de integrar el Tribunal”. “Tenemos argumentos sólidos para decir que Acepar sigue siendo del Estado, pero es lógico que cualquier inversor quiera tener seguridad”, puntualizó.