El último y el más polémico de todos, es el viaducto de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco, el “superviaducto”, apodado en su momento por la ciudadanía como “Rodrigo Quintana” en honor al joven que fue asesinado el 1 de abril pasado en sede del PLRA, tras las protestas y la quema del Congreso, mientras la estructura era inaugurada por el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, en un acto cargado de proselitismo.
En menos de dos meses, la obra ya presentaba fallas como la inundación del túnel tras una lluvia, un apagón y la filtración en las paredes de su estructura. “El agua será el dolor de cabeza del MOPC”, había anunciado en junio pasado el ingeniero Hermann Pankow, proyectista y principal impulsor del proceso penal por lesión de confianza y asociación criminal iniciado contra autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Pankow alega que las irregularidades en la estructura se dan por ítems que se dejaron de hacer y que habrían supuesto ahorros por casi US$ 3 millones a la contratista española Isolux Corsán, investigada en España por tener un aparente esquema de coimas para obtener contratos en varios países.
Lo último, rajaduras en las paredes del túnel y una inundación en el mismo que dejó a un hombre atrapado por varios minutos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pagó a Isolux Corsán la suma G. 124.210 millones por este “superviaducto”.
Por otro lado, las obras inconclusas de ampliación de la Ruta 3, tramo Mariano Roque Alonso-Limpio, deja a uno de sus viaductos en medio de un desorden vial que tiene a los pobladores preocupados por los peligros que acarrea.
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Este proyecto, a cargo del Consorcio D-R (CDD Construcciones/Benito Roggio & Hijos), ya tiene un precio global de unos G. 220.000 millones (casi US$ 40 millones) y está parada desde hace varios meses a causa de problemas de expropiación, según alegaron. El tramo carece de iluminación y señalización.
Así también, el viaducto de Santa Teresa y Madame Lynch es cuestionado por su inusual terminación, ya que hacia el sur, sus carriles (en “pantalón”) terminan en sendas curvas, lo que representan un peligro para los automovilistas, según se pudo corroborar. La construcción fue adjudicada a la empresa TR Construcciones de Teodoro Riveros y tuvo un costo de G. 31.000 millones.
Otra de las obras afectadas por la última lluvia es el túnel de la calle Itapúa, zona del Jardín Botánico. En aquella ocasión, el hecho impidió completamente el tránsito vehicular a través de la estructura.
Respuesta del MOPC
Sobre estas obras y sus inconvenientes, el MOPC respondió a nuestra consulta mediante nota a través de su departamento de prensa.
En relación al “superviaducto”, la respuesta escrita dice que “la obra todavía no fue recibida definitivamente, las rajaduras son superficiales y no afectan a la estructura; desde su habilitación han ocurrido numerosos incidentes climatológicos y se han presentado dos incidentes que erróneamente se califican como inundaciones. Son acumulación de agua” (sic), dijeron.
Según la cartera, en el primer incidente no funcionaron las bombas de desagüe y en el segundo, las bombas funcionaron, pero debido a la acumulación de basura en los sumideros, el desagotamiento fue lento.
En cuanto a la obra en zona del Jardín botánico, señalan que la inundación también se presentó por la “acumulación de basura”.
Finalmente, sobre el viaducto de la avenida Santa Teresa, señala que esta es otra obra que cumple a cabalidad con su función. Añade que la vía y el paso a desnivel están “completos y señalizados”.
“Hacer las cosas bien”
Conversamos con el ingeniero Luis Caló, presidente de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons) y le consultamos a qué cree que se deben los problemas que acarrean varias de las grandes obras de nuestro país.
Para el profesional, influyen tanto los proyectos como la ejecución de los mismos.
“Esto va a seguir pasando mientras los proyectos se continúen realizando sin el convencimiento de hacer las cosas bien. Se prioriza hacer cuatro obras en vez de tres, se valora la cantidad antes que la calidad”, alegó.
Caló afirmó que son necesarias normas y exigencias para el ente encargado de proyectar, además de continuar con el mantenimiento de todas las obras.
Asimismo, dijo que el MOPC no respeta al usuario al no realizar trabajos previos en donde se analice cómo podría ser afectada la comunidad cercana a la construcción. “Este es el pensamiento de la Aprocons, no solo mío”, indicó.
Por último, añadió que se deben tener en cuenta también las obras complementarias que permitan que la obra mayor funcione.
tatiana.condoretty@abc.com.py