Violando normativa de APP, MOPC firmó ayer contrato de rutas 2 y 7

A pesar de estar en pleno conocimiento de los antecedentes de incumplimiento y trámites judiciales que tiene Sacyr en el extranjero, los cuales violan la ley de alianza público-privada (APP), el ministro Ramón Jiménez Gaona entregó ayer a un consorcio liderado por esta empresa el proyecto de ampliación de las rutas 2 y 7 a cambio de su explotación por 30 años. Los trámites judiciales de referencia, según la ley, el decreto reglamentario y los pliegos de las APP son una causal de inhabilidad y deberían excluir del proceso a cualquier oferente.

Antes de la firma del contrato, siempre según disposiciones de los pliegos, el Ministerio de Obras Públicas puede cancelar los procesos en cualquier etapa sin incurrir en responsabilidad civil para el Estado. Lejos de hacerlo, ante la constatación de una causal de exclusión, el MOPC firmó este contrato. Fuentes del propio ministerio y también de la Contraloría habían anticipado que esto iba a ocurrir ante la falta de definición de la licitación del aeropuerto, que la administración de Jiménez Gaona también quiere darle a la compañía Sacyr.

En principio, el ministro había dicho que la adjudicación o no de la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi a Sacyr dependía del dictamen de Contraloría, institución que auditó el proceso tras una denuncia hecha por senadores, que enunciaron varias presuntas irregularidades.

Esta semana, Jiménez Gaona llamativamente dijo a los medios que el dictamen de Contraloría no será vinculante. Recordemos que todo el comité evaluador de la APP ya adjudicada (rutas 2 y 7), así como el del aeropuerto, están denunciados ante el Ministerio Público.

Colusión

Documentos revelan que el comité de evaluación de la APP del aeropuerto, cuyos miembros en su mayoría son los mismos de la APP de las rutas 2 y 7, no solo tenía conocimiento de las múltiples denuncias y demandas por incumplimiento contra Sacyr (en una de las cuales, específicamente en Murcia-España, hay sentencia firme) sino que le fabricaron un dictamen que niega la vinculación con el oferente que incumplió en Murcia. Esta vinculación fue reconocida por los propios representantes de Sacyr.