Inmorales

Los expresidentes de la República, según establece el Art. 189 de la Constitución vigente, “serán senadores vitalicios de la Nación”. La conjugación del verbo empleada en esta frase está puesta en modo imperativo, por lo que “serán” significa una obligación, una carga pública. Los expresidentes, según los términos de esta disposición, están obligados a ser senadores vitalicios les agrade o no, de la misma manera que quien salga sorteado para ejercer de autoridad en una mesa electoral debe asumir la responsabilidad y desempeñar el cargo forzosamente y sin excusas.

Sea que la forma de establecer esta obligación haya sido escrita así de forma adrede, o haya sido el resultado de una redacción apresurada, lo cierto es que está allí escrita de una manera clara e indiscutible: los expresidentes serán senadores vitalicios. Y conste que esta disposición fue asumida para favorecerlos, no para limitarlos. Porque se suponía que al otorgárseles este carácter –senadores con voz, sin voto y sin obligación de asistencia a las sesiones– mantenían sus fueros parlamentarios y quedaban protegidos contra investigaciones judiciales posteriores, o contra revanchas políticas que pudiesen ser canalizadas a través de acciones procesales.

De esta manera, un exmandatario que desee sinceramente servir al país, tendrá suficiente oportunidad de hacerlo desde su banca de senador vitalicio, donde sus opiniones, de seguro, serán frecuentemente solicitadas, dada su experiencia en los asuntos propios del Gobierno. ¿Qué mejor asesor para los legisladores que quien ya conoció y manejó los asuntos del Estado personalmente?

Sin embargo, a los expresidentes actualmente existentes en nuestro país que continúan dedicados a la política no les importa tanto colaborar con la patria en su calidad de senadores solo como consejeros, expertos o asesores experimentados, porque lo que realmente les interesa de ese cargo es el voto, lo que significa el poder real y efectivo en las manos. Desean ser parte activa en la repartija de la torta del Estado. Sin tener el derecho al voto no pueden negociar; las gavillas políticas en los diferentes estratos gubernamentales no los tendrán en cuenta a la hora crucial de asumir las principales decisiones sobre asuntos públicos que les afectarán a todos.

La obsesiva acción política y judicial emprendida por Nicanor Duarte Frutos hace una década de renunciar a la senaduría vitalicia y pugnar por una de senador titular con voz y voto, por ejemplo, acabó de la peor manera imaginable, porque, si bien obtuvo todos los “permisos” de parte de “su” entonces Corte Suprema de Justicia, sus propios colegas le negaron el derecho al juramento y él quedó papando moscas. Fue un ridículo gigantesco; pero, según parece hoy, no causó precedente ni desalentó a los eventuales imitadores.

En efecto, ahora es el presidente Horacio Cartes quien se apresta a recorrer el mismo camino. Como no le dieron el caramelo de la reelección, reclama el de la senaduría activa titular. Esta pretensión va camino de generar una nueva etapa de discusión estéril que les va a insumir a los políticos el escaso tiempo que les resta del periodo parlamentario anual, pérdida que se sumará a los más de doce meses malgastados en el fallido intento de atropellar la Constitución con el famoso proyecto de enmienda.

En el Congreso penden de estudio y resolución numerosos proyectos legislativos que suponen cosas importantes para el manejo de la República; los plazos transcurren y decaen, algunos términos se cumplen y ciertas leyes pasan a ser tales sin haberse siquiera estudiado. Esto implica una gran vergüenza para el buen nombre de sus integrantes y la calidad de funciones que debe exhibir un cuerpo legislativo de carácter nacional, pero, más que eso, implica un grave perjuicio para los intereses generales del país.

Los términos que utiliza nuestra Constitución para resolver cuál es el papel que les corresponde a los legisladores, presidentes de la República y expresidentes son bastante claros. No dan lugar a la necesidad de hacerles “interpretaciones” judiciales, salvo que se empleen a estas como cuñas para abrir las compuertas que la propia Constitución cerró.

Si un político poderoso consigue involucrar a los miembros de la Corte en una operación fraudulenta con visos de legalidad exclusivamente para favorecerse a sí mismo, los fallos generados con este origen deben tenérselos como productos judiciales aislados y desprovistos del carácter de precedente jurídico. Nuestra jurisprudencia –como lo es en todo el mundo civilizado– tiene que consistir en la colección de sentencias basadas en los criterios mejor fundados, más ilustrados y sensatos de los magistrados; no puede estar contaminada con concesiones complacientes hechas al gusto del mandamás de turno.

De modo que el intento ya anunciado del presidente Cartes de postularse como senador activo es un acto de ilicitud, porque atenta contra el Art. 189 de la Constitución, y de inmoralidad, porque va a involucrar a muchas otras personas en este intento, va a demorar –una vez más– la posibilidad de volver a retomar la marcha institucional del país (interrumpida por él mismo y sus paniaguados), y porque va a subvertir el orden jurídico en beneficio propio.

Si el bochorno de Nicanor Duarte Frutos intentando jurar como senador activo no sirvió como suficiente lección, entonces los legisladores deben prepararse para darle a Cartes otra cátedra similar. A ver si de una vez por todas los paraguayos podemos acabar con los aventureros ambiciosos que no conocen de límites ni escrúpulos. Los ciudadanos y las ciudadanas deben estar preparados para resistir este nuevo intento en ciernes de atropellar la Constitución Nacional.