Desde su retorno a la democracia en 1990, Chile ha sido catalogado como un país de excepción en Latinoamérica. Mientras los demás países de la región se han visto azotados por crisis económica, corrupción y conflictos sociales por obra de gobiernos populistas irresponsables, en los últimos 30 años Chile ha demostrado un gerenciamiento macroeconómico ponderablemente sano, junto con una plácida gravitación política interna, sin sobresaltos sociales perturbadores.
Esta estabilidad política, económica y social le ha posibilitado a ese país ser uno de los pocos de la región en llegar al umbral de los países desarrollados. Actualmente supera a sus pares latinoamericanos en índices de competitividad comercial, así como en políticas públicas de desarrollo humano enderezadas a reducir la mortalidad infantil y extender la expectativa de vida de su población. Tales logros han convertido al país trasandino en un modelo para las demás naciones del Continente.
Mas, como sucede en todos los lugares, el crecimiento económico ha exacerbado las expectativas de la población por acceder a un mejor nivel de vida y a una mejor y más barata educación, rompiendo así la tranquilidad económica y social que prevaleció en el país durante casi una década, siendo común ver ahora manifestaciones públicas de protesta de obreros y estudiantes, tanto en la capital, Santiago, como en otras ciudades. Concomitantemente, han hecho su aparición casos de corrupción en los estrados de la otrora límpida y recta Justicia chilena, encubriendo actos de colusión en el seno de la élite económica y política del país; entre ellos, un caso que ha salpicado de cerca a la presidente saliente Michelle Bachelet.
La gran tarea que tiene por delante en este su segundo período de gobierno el presidente Sebastián Piñera es, precisamente, tratar de calmar las ansias de los chilenos por una mejor expectativa de vida mediante la concertación de un gran pacto social nacional, al tiempo de impulsar un plan de austeridad con reforma económica estructural, destinado a corregir el déficit fiscal. Todo, con miras a convertir a Chile en el primer país desarrollado de la América Latina.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En vísperas de elegir a un nuevo Gobierno, bien haríamos los paraguayos en detenernos a reflexionar acerca de la clase de sociedad civil y política que ha hecho posible que Chile se convirtiera en uno de los países más prósperos de la región, tras haber sufrido también su periodo de pobreza, como el que afecta al Paraguay. Y observar cómo sus gobernantes se empeñan en resolver los grandes problemas nacionales que lastran el progreso económico y social del país.
Aunque mediterráneo, nuestro país tiene muchos recursos naturales y suficientes ventajas comparativas como para atraer inversión extranjera directa a escala diez o más veces mayor que la que hasta ahora ha conseguido. Más aún teniendo en cuenta que desde hace más de 30 años cuenta con un gran excedente de energía eléctrica, limpia y renovable; insumo industrial estratégico cada vez más competitivo. Su población, mayoritariamente joven, una vez capacitada podría encontrar empleos dignos que ayuden a estrechar la brecha de pobreza que le agobia en la actualidad.
Mientras el nuevo Gobierno de Chile se apresta a tomar las medidas correctivas para reimpulsar el crecimiento económico que en los últimos tiempos se ha desacelerado, nuestros candidatos con más posibilidades electorales de ganar la presidencia de la República hasta ahora no han presentado ninguna plataforma de gobierno seria y responsable. Ciertamente, como el presidente Piñera en Chile, aquí también, tanto Mario Abdo Benítez como Efraín Alegre hablan a boca llena de combatir la pobreza y la desigualdad, pero, a diferencia del Presidente chileno, no dicen cómo lo van a hacer. Uno y otro se pasan lanzando promesas al aire, sin sustento programático alguno. Hablan de que van a combatir la corrupción, pero sus listas de candidatos a cargos electivos incluyen sin rubor a recontraconocidos pájaros de cuentas que buscan impunidad mediante fueros parlamentarios, como los colorados Óscar González Daher, Víctor Bogado y José María Ibáñez, o los liberales Enrique Salyn Buzarquis, Enzo Cardozo, Milciades Duré, y otros.
Es que, como lo publicara nuestro diario, desde la defenestración del dictador Alfredo Stroessner, todos los presidentes de la República que se han turnado desde 1989, sin excepción, tienen en su haber puras mentiras políticas convencionales, empezando con la madre de todas ellas, la proferida por Juan Carlos Wasmosy de que durante su Gobierno iba a hacer progresar al Paraguay “cincuenta años en cinco”, cuando lo que en realidad hizo fue arruinar su economía con la debacle financiera que fue el corolario de su pésimo Gobierno. Tampoco se puede olvidar el “Gobierno del nuevo rumbo” prometido por Horacio Cartes, que solo benefició y beneficia a la claque gobernante, política y empresaria.
En las casi tres décadas de Gobiernos democráticos, el Partido Colorado ha gobernado durante veinticuatro años, por lo que esa entidad política es la gran responsable de que en tal lapso el país no haya logrado salir del estancamiento económico y la pobreza, ni que haya sabido sacar provecho del excedente de electricidad de las usinas binacionales para generar desarrollo mediante reformas estructurales, políticas, económicas y sociales, indispensables para atraer la radicación de inversión extranjera directa. En vez de eso, sus representantes han optado por endeudar al país para invertir en empresas públicas ineficientes, como ANDE, Petropar, INC, Acepar, Essap, Copaco, etc., etc. Acaso lo único rescatable que tienen en su haber los Gobiernos colorados es la inversión en infraestructura vial hecha por el actual Gobierno, más allá del corrupto marco de administración que ha caracterizado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en tal menester.
Definitivamente, teniendo como ejemplos a Gobiernos como los de Chile, Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre deben dejar la charlatanería y debatir sobre las medidas concretas de gobierno que tienen previsto implementar para impulsar el desarrollo económico, político y social que el pueblo paraguayo ansía y reclama, y que hasta ahora se le niega.