La brutal represión policial perpetrada por la Policía Nacional al anochecer del viernes 31 de marzo contra millares de ciudadanos congregados en la Plaza de Armas, para protestar pacíficamente contra el atropello a la Constitución Nacional por parte de 25 senadores que, desconociendo la autoridad del presidente de Senado, aprobaron irregularmente el inconstitucional proyecto de enmienda para habilitar la reelección presidencial, así como el posterior incendio de la sede legislativa, son sucesos bien conocidos, gracias a las imágenes y a las voces de los medios de comunicación.
Menos conocidos en sus detalles por el público –pero no por eso menos condenables– fueron los hechos de abierto terrorismo de Estado protagonizados por fuerzas policiales comandadas por jefes de alto rango que atacaron a balazos la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dando muerte al joven dirigente Rodrigo Quintana, hiriendo a otros y vejando a los adherentes de ese partido político que allí se encontraban, sin mediar resistencia alguna por parte de los mismos. Poco antes, las fuerzas policiales que a propósito habían desguarnecido el edificio del Congreso para que vándalos irrumpieran dentro, lo saquearan e incendiaran, iniciaron una arbitraria redada de personas que encontraban a su paso por las calles del microcentro. Aprehendieron a 211 de ellas, incluyendo a mujeres y menores de edad que nada tenían que ver con el acto de protesta pero casualmente andaban por el centro, quienes fueron recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía, donde sufrieron torturas y hurtos de las pertenencias que llevaban consigo, según las denuncias.
No solo la ciudadanía quedó consternada por el brutal abuso de fuerza cometido por la Policía para supuestamente restaurar el orden público. Aparte de carros hidrantes y de gas lacrimógeno, utilizó también contra los manifestantes escopetas con balines de goma (cuestionados internacionalmente en el marco de los derechos humanos), que destrozaron la boca de un diputado y reventaron los ojos de más de un manifestante, y hasta cartuchos de guerra para el asalto a la sede del PLRA y el asesinato del joven Quintana.
Tanto o más desconcierto sintieron los centenares de reporteros extranjeros que vinieron a cubrir los pormenores de la Asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –donde el Gobierno paraguayo procuraba vender la imagen de un país pacífico, progresista y acogedor–, quienes no tuvieron que mirar más allá del incendiado edificio del Congreso y de la brutal represión policial para certificar el terrorismo de Estado implantado en el Paraguay por el gobierno de Horacio Cartes para acallar a la ciudadanía alzada en defensa de la Constitución, que él pretende atropellar para asegurar su reelección.
En cualquier país, el terrorismo de Estado causa la radicalización de la ciudadanía para resistirlo por todos los medios a su alcance. La evidencia la tenemos en la crispación actualmente existente en el seno de la sociedad paraguaya, pese a los esfuerzos del Gobierno para desviar su atención, sea con la hipocresía oficial de un diálogo político engañoso, o con cantos de sirena como el de “que el pueblo decida” y otros eslóganes igualmente mentirosos.
En tal sentido, el error del presidente Cartes es creer que reprimiendo va a reducir la indignación y rebelión de la ciudadanía, como lo hacía en su tiempo el dictador Alfredo Stroessner. Tras vivir varias décadas en libertad, la absoluta mayoría de la sociedad civil no quiere nunca más el retorno de un tirano en el Gobierno de la República. El presidente Cartes tiene que convencerse de que el recrudecimiento del terrorismo de Estado con que pretende doblegar la resistencia del pueblo contra su inconstitucional proyecto de enmienda pro “rekutu”, lo único que va a provocar es más violencia y radicalización en el seno de la sociedad paraguaya, como ya se vio en la noche del 31 de marzo pasado.
La represión sin precedentes que Cartes ordenó desatar contra una ciudadanía indignada está creando un ambiente fértil para el extremismo político, y el enfrentamiento violento entre paraguayos y paraguayas. Ciertamente, él cuenta para eso con la complicidad del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia –varios de los cuales están en un tris de enfrentar un juicio político–, desde larga data manejados a base de prebendas. Cabe preguntar qué confianza se puede tener en un fiscal general como Díaz Verón, siempre funcional al oficialismo y que ahora mismo está pretendiendo también su “rekutu”.
Sin embargo, nada de eso le garantiza a Horacio Cartes que pueda derrotar al pueblo soberano hoy alzado contra su proyecto totalitario, e imponerle el yugo de una nueva dictadura.
Aunque nuestro país tiene una larga historia de represión y violencia política, fue bajo la larga dictadura de Stroessner que esa desgracia alcanzó duración y niveles nunca antes vistos. Desafortunadamente, cuando todos creíamos que nuestra nación nunca más se retrotraería a esos nefastos tiempos, hete aquí que un inesperado brote de regresión autoritaria amenaza con aherrojar de nuevo la libertad que los militares nos trajeron de vuelta en febrero de 1989, y que posibilitó que el pueblo paraguayo instaurara un orden democrático de Gobierno que aún se mantiene, pese a algunos quebrantos.
Es mucho más fácil para el pueblo prevenir una dictadura que –por el medio que sea– derrocarla una vez instaurada. Eso lo entienden muy bien los sectores políticos democráticos. Por tal razón, como contra Stroessner en su tiempo, en estos momentos la clase política democrática de nuevo está rebelada contra la pretensión ilegítima del presidente Cartes. Colorados, liberales y demás partidos y movimientos que conforman el espectro político nacional, a más de las élites de la sociedad civil, conforman la línea principal de resistencia contra el embate de los violadores de la Constitución.
Es deber de la ciudadanía sumarse a la cruzada por la libertad y la democracia, y hacer realidad el eslogan de: no más terrorismo de Estado; dictadura nunca más.