Siguiendo el dictamen de la Comisión Bicameral competente, la Cámara de Diputados aprobó, como era de temer, que el Presupuesto General del próximo año incluya el pago de una “gratificación” a los funcionarios públicos, entre quienes la abundante clientela política de los legisladores está bien representada. Se trata en la realidad de un verdadero aguinaldo “extra”, cuyo monto equivale al legal, que, pese a su denominación y a lo que diga el decreto reglamentario, nada tiene que ver con el buen desempeño de los beneficiarios. Podría ser considerado también un sobresueldo, excluido de la nueva matriz que dice apuntar al sinceramiento de las erogaciones en materia salarial. Se la ha venido abonando sin orden ni concierto, según la disponibilidad presupuestaria de los diversos órganos, algunos de los cuales, como el Ministerio de Hacienda, beneficiaban incluso al personal contratado.
La farsa llegó al colmo cuando en septiembre los diputados aprobaron una ampliación presupuestaria para que el personal del Poder Legislativo gozara de un segundo aguinaldo extra. La indignación ciudadana fue tal que hizo que los manirrotos se arrepintieran y que el Senado rechazara la medida, en tanto que el Poder Ejecutivo creyó oportuno privar a sus agentes de toda “gratificación” aún no percibida hasta entonces.
El proyecto de ley del Presupuesto en estudio, presentado semanas antes del escándalo suscitado, volvió a contemplar el pago de dos aguinaldos adicionales. Sin embargo, como el ministro de Hacienda, Santiago Peña, no solicitó en su momento a la Comisión Bicameral que, en vista de la repulsa ciudadana, las “gratificaciones” fueran desechadas, el proyecto de Presupuesto General del próximo año siguió contemplando más de 487.000 millones de guaraníes (unos 85 millones de dólares) para el pago de “bonificaciones y gratificaciones”.
Y bien, tras la presentación del proyecto, el citado ministro anunció en su oportunidad que el Poder Ejecutivo no abonará la gratificación prevista para sus funcionarios, decisión que cabe aplaudir, confiando en que ella sea en verdad “permanente” y que no sea revocada ante las presiones sindicales de rigor y el fragor de las pasiones electorales. Tales presiones irán en aumento en la medida en que el calendario acerque las próximas elecciones generales, de modo que el presidente de la República, Horacio Cartes, debería estar preparado para resistir la presión habitual que recibirá del sector sindical y de sus propios correligionarios. Por de pronto, los diputados no han tenido el menor reparo en aprobar una “gratificación” o aguinaldo extra, sin duda teniendo en cuenta el calendario electoral, y confirmando que quienes deberían precautelar el dinero de los contribuyentes son los primeros en dilapidarlo a través del Presupuesto Nacional.
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Como se desprende del referido anuncio del ministro Peña, la circunstancia de que las partidas correspondientes a las “gratificaciones” estén presupuestadas no implica que el gasto deba ser necesariamente efectuado. No obstante, los jerarcas de las diversas entidades públicas se suelen congraciar con sus subordinados y, de paso, con ellos mismos, por lo que no debe descartarse que gasten el dinero simplemente porque está disponible, más aún teniendo en cuenta los comicios venideros. En esta cuestión, los ávidos sindicalistas no tienen ningún “derecho adquirido” que reclamar. Quienes tienen mucho que demandar son los contribuyentes desangrados con el pretexto de que los supuestos buenos “servidores públicos” deben ser recompensados. Como el cumplimiento del deber ya es remunerado con el salario, toda erogación suplementaria resulta improcedente. Si a ello se suma que no se realiza ninguna evaluación de las tareas de cada uno de los beneficiados, resulta que la “gratificación” carece de sustento moral e incluso legal y que, en consecuencia, debería ser suprimida de una vez. Si el Poder Ejecutivo se negara a abonar el dispendioso aguinaldo extra, aunque los legisladores lo incluyan en el Presupuesto, contribuiría a moderar el impacto que tendrá en el consabido déficit fiscal el cuestionado regalo que, en mala hora, lleguen a hacer a sus subordinados las máximas autoridades de los Poderes Legislativo y Judicial. Como no están obligadas a efectuar el gasto autorizado por la ley presupuestaria, si tuvieran algo de decencia y de austeridad administrativa, también ellas deberían abstenerse de ser generosos con el dinero ajeno, aunque entre los favorecidos figuren sus parientes, sus amigos o sus operadores políticos.
Se recordará la euforia desatada en el plantel de la Cámara Baja cuando esta aprobó la ampliación presupuestaria para una segunda “gratificación”, felizmente frustrada porque las fotografías difundidas ofendieron a los ciudadanos.
El despilfarro de las “gratificaciones” premia a una burocracia superpoblada, corrupta e inepta, en perjuicio de la educación y de la salud públicas, así como de las obras viales, entre otras áreas de interés general. Quienes pagan regularmente el salario y aguinaldo legales del personal público no tienen por qué abonarle un centavo más, incluso en el negado caso de que tenga una buena gestión, ya que tal es su deber.
Ni la Comisión Bicameral de Presupuesto ni los diputados tuvieron el coraje de rechazar el aguinaldo extra. Es de esperar que el Senado sí lo tenga, rechazando la insultante pretensión. Si, no obstante, el Congreso lo aprueba, el Poder Ejecutivo debe vetar este nuevo despilfarro.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben estar atentos para impedir que una vez más los líderes políticos corruptos que están en el Gobierno les metan las manos en sus bolsillos.