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Máxima Meza de Maldonado ejerce la función de magistrada del primer turno en lo civil en Ciudad del Este. Su nombre está asociado a supuestos hechos de corrupción.
La jueza fue denunciada por supuesta responsabilidad en el delito de prevaricato. El documento fue elaborado por la abogada Teresa Flecha, quien inclusive presentó un escrito similar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El Ministerio Público llegó a elaborar un informe sobre el expediente manejado por la controvertida jueza y una auditoría de gestión reveló que existen indicios de responsabilidad en el delito que habría cometido.
A pesar de las fuertes evidencias e indicios de corrupción, ningún fiscal de Ciudad del Este se anima a plantear la imputación de la jueza Máxima Meza de Maldonado.
Fiscales pusilánimes
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, dirige en Ciudad del Este un equipo de agentes pusilánimes, temerosos de enfrentar a una magistrada que tendría la protección de grupos ligados a la corrupción en Ciudad del Este.
Un ejemplo es el fiscal Carlos Almada, quien tuvo el expediente en su poder a lo largo de ocho meses.
Cuando por fin aparentaba que se animaría a imputar a la jueza, solicitó instrucciones al Ministerio Público, en Asunción.
Desde allí le indicaron que tenía todos los elementos para imputar, pero aún así no se animó a hacerlo.
A tal punto llegó la inutilidad del fiscal Carlos Almada que su jefe, el fiscal adjunto Alejo Vera, lo cambió; el expediente pasó a la fiscala Carolina Gadea, donde ahora duerme el sueño de los justos.
El caso de un muerto “rebelde”
Enrique Sarubbi está involucrado en toda esta historia: en el año 2014 “ganó” una demanda a su suegro que murió en junio de 2000.
El juez Manuel Saifildin Stanley, de Capiatá, llegó a declarar “rebelde” al finado Francisco Feliciano Duarte por no presentarse a declarar en su despacho.
Saifildin Stanley entregó a “Kike” Sarubbi el título de propiedad judicial sobre la finca 483 de Hernandarias.
Con este documento, el 12 de febrero de 2015 inició una acción de interdicto ante el juzgado de Máxima Meza de Maldonado, quien ordenó la entrega a Sarubbi de la finca 531 de Minga Guazú, propiedad de la firma HB Inmobiliaria SA.
Sarubbi fue finalmente desalojado del inmueble el 16 de diciembre pasado.
Máxima Meza de Maldonado violó abiertamente el Código Civil en beneficio de Enrique Sarubbi, delito que se conoce con el nombre de prevaricato.
Por este caso la jueza se encuentra procesada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El jurado determinó que existen indicios, pero tampoco se anima a sancionar a la jueza, y el Ministerio Público que se muestra incapaz de imputarla.
Imputación a universitarios
Pasaron ocho meses de la denuncia presentada contra la jueza Máxima Meza y ningún fiscal se anima a imputarla. En contrapartida, los universitarios Fernando Krug Olmedo, Herbert Segovia Lohse, Amalia Ríos Garay y Paola Pusineri fueron imputados con una celeridad llamativa por supuesta responsabilidad en la retención de asambleístas en el edificio de posgrado del Rectorado de la UNA, la semana pasada. La fiscalía no investiga corrupción grave, pero sí una protesta de universitarios.
roque@abc.com.py