Absurda pretensión les priva de merienda a alumnos en Isla Pucú

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ISLA PUCÚ, departamento de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Treinta y ocho alumnos de la escuela Santa María de la compañía Pindoty de este distrito, no reciben el almuerzo escolar desde el 28 de febrero porque el nuevo presidente de la Cooperadora Escolar (acompañado de otros padres) exige que su suegra sea una de las cocineras.

El director de la institución educativa, Salvador Luis Noguera, dice por su parte que algunos padres de estudiantes quieren que se cambie a las cocineras, quienes desde hace cuatro años prestan servicios en la escuela, y que se ubique en su reemplazo a otras, con el argumento de que se le debe dar oportunidad de trabajo a la gente de la comunidad.

Afirmó que no tiene ninguna queja de las cocineras María Inés González y Rufina Figueredo, de quienes dijo que son muy responsables, serviciales e higiénicas.

En la última reunión de la Asociación Cooperadora Escolar de Padres (ACES), donde Rubén Sánchez fue elegido como presidente, se decidió que ya era hora de dar a otra persona “oportunidad para trabajar”, preferentemente a madres de alumnos de la escuela.

Las cocineras citadas eran madres de estudiantes hasta el año pasado, pero ahora sus hijos están en séptimo grado y tuvieron que ir a otra institución.

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Llamativamente, Rubén Sánchez y Luis Noguera pretenden nombrar como cocineras a Cándida González, suegra del primero, y a Blanca Celina Lezcano, como las nuevas cocineras.

También exigen a la empresa “Ladero Paraguayo SA”, representada por Jean Pujol, ganadora de la licitación de provisión del almuerzo escolar y a la Gobernación de Cordillera, que despidan a dichas trabajadoras y contraten a las que ellos eligen.

A causa de esa situación y como una medida de presión, el director no permite que Rufina Figueredo y María Inés González cocinen para los niños, quienes viven en una zona muy vulnerable y no reciben el alimento que les corresponde. Muchos padres no están de acuerdo con la actuación de Noguera y Sánchez, por lo que elevaron su protesta a la supervisión local.