Acorralados por los “sintierras”

OBLIGADO, Dpto. Itapúa (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). El presbítero verbita Juan Krajza indicó que en las últimas semanas los ocupantes se instalaron a escasos 100 metros de las aulas de la escuela agrícola San Benito. Están ubicados en una chacra, que es utilizada por los alumnos para las prácticas agrícolas, cultivos de alimentos y cría de animales de corral empleados para los estudiantes.

La escuela es de la modalidad de internado mixto. Forma a jóvenes de diferentes puntos de Itapúa y de otras partes del país, que se reciben allí de bachilleres técnicos agropecuarios.

El año pasado, al finalizar las clases, se había puesto en duda la continuidad de las actividades, debido al conflicto de más de un año que mantienen con al menos tres grupos de invasores. Pero, Krajza, quien se desempeña como vicedirector de la institución, aseguró que pese al conflicto que mantienen con los ocupantes, las clases se van a iniciar el 13 de febrero y no se dejarán amilanar por el problema.

Precisamente para evitar el cierre de la escuela, la congregación Verbo Divino retomó la dirección de la institución, luego de cinco años en que estuvo alquilada a una empresa privada.

El religioso señaló que están resueltos a devolver la normalidad de funcionamiento de la institución, que cumple una muy importante función social en la formación de jóvenes, hijos de agricultores.

Añadió que presentaron la documentación que acredita la propiedad del inmueble. “No sabemos por qué la fiscalía no hace su trabajo de despejar el lugar”, indicó.

Krajza pidió la intervención integral de los responsables de las instituciones del Estado. “Queremos recuperar la tranquilidad en la escuela para que podamos seguir funcionando normalmente. Ya existe temor en los padres de los estudiantes en enviar a sus hijos”, dijo.

Por otro lado, la fiscala Raquel Bordón, quien coordina un equipo de fiscales asignados al caso, dijo que el tema está pendiente de una junta de fiscales para planificar las acciones. Es un problema complejo y requiere de una intervención con participación de otros organismos, ya que existen niños y mujeres. “Es un problema social que requiere acción prudente para evitar un problema mayor”, señaló.