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Asesinato de dos guardaparques

Este artículo tiene 7 años de antigüedad
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Rumildo Toledo González (36) y Artemio Villalba (51), guardaparques de la reserva privada Tapytã administrada por la Fundación Moisés Bertoni, fueron asesinados por cazadores furtivos el 18 de agosto pasado. La fiscal de San Juan Nepomuceno, Gladys Jiménez, imputó a unas cinco personas que se encuentran prófugas. Los familiares de los fallecidos denunciaron que los homicidas tendrían protección del gobernador Pedro Díaz Verón (ANR).

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19-08: SAN JUAN NEPOMUCENO (Antonio Caballero, corresponsal). Rumildo Toledo González (36) falleció en el parque, mientras Artemio Villalba (51) murió el 31 de agosto debido a las heridas graves que recibió de los cazadores furtivos.

El ataque ocurrió el 18 de agosto pasado al mediodía a orillas del arroyo Tajay, que divide los distritos de Tava’i y San Juan Nepomuceno.

Las poblaciones más cercanas a la reserva Tapytã son Enramadita y Toro Blanco, del distrito de Tava’i. Mientras que en otro extremo se encuentra Corazón de María, jurisdicción de San Juan Nepomuceno.

El titular de la comisaría 21 de la compañía San Carlos, jurisdicción de esta ciudad, suboficial principal Raúl Alonso, dijo que existía la posibilidad de identificar a los criminales, debido a que un tercer integrante del grupo de patrulla del parque pudo escapar del ataque y habría divisado a dos hombres durante el tiroteo.

El uniformado señaló que los asesinos de los trabajadores serían cazadores que ingresaron ilegalmente en la reserva Tapytã y que casualmente se encontraron frente a frente en el monte con los tres encargados de la seguridad del predio y, al verse acorralados, los desconocidos se abrieron paso a tiros.

La investigación del caso en un primer momento estuvo a cargo de la fiscala de San Juan Nepomuceno, Gladys Jiménez, quien imputó a los hermanos Robert, Braulio y Ramón Alcaraz González, así como a Hugo Andrés González Sosa y Daniel González Britos, todos prófugos. La funcionaria fue recusado por falta de confianza en su labor y el expediente pasó a manos de la fiscala Karina Escurra, quien tampoco consiguió avanzar en el expediente.

Los familiares de los asesinados acusaron al gobernador Pedro “Pipo” Díaz Verón de proteger a los homicidas y de presionar a los investigadores. El jefe comunal negó la acusación.

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