MARISCAL LÓPEZ Dpto. de Caaguazú (Marti Bogado, corresponsal). El contrato privado fue firmado el 11 de abril del 2012, en Ciudad del Este, por Santiago González Benítez y Juan Francisco Rodríguez Báez, presidente y secretario de la Comisión Mcal. López, respectivamente, y Julio César Panadero Bogarín. El documento establece un acuerdo por tres años y estipula que el primer periodo de siembra los “sintierras” cobrarán G. 160 millones. Al segundo año y tercer año, G. 480 millones. Sumados a G. 20 millones que reciben a la firma del contrato, en total los “carperos” percibirán G. 660 millones.
Las tierras están identificas como Nºs 80 y 240 y fueron invadidas en el 2008 por los campesinos, que ahora las arrendaron por tres años. El ente agrario declaró “colonia de hecho” el lugar a través de la Resolución Nº 2298 del 18 de noviembre de 2010.
La comisión Mcal. López fue reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) mediante Resolución Nº 2277 del 5 de agosto de 2008.
La cláusula primera del contrato de arrendamiento establece que los dirigentes campesinos ceden en alquiler, en sus condiciones de presidente y secretario de la comisión vecinal Mariscal López. Según consiga el documento, el alquiler es por tres periodos agrícolas y establece la opción de renovación de común acuerdo.
Según el convenio, la parcela de 200 hectáreas será destinada al cultivo de soja, maíz y trigo.
El intendente de Mcal. López, Néstor Martínez, (ANR), dijo que el dirigente Rodríguez Báez ni siquiera es de la localidad. Denunció la irregularidad ante el propio titular del Indert, Luis Ortigoza, durante su visita al distrito, días atrás.
Por su parte, Francisco Peralta, líder de los “carperos” en la zona, dijo desconocer la existencia del contrato. Incluso puso en duda que el documento sea auténtico.
Las fincas 80 y 240 forman parte de un asentamiento supuestamente donado al Estado paraguayo por el terrateniente griego y prófugo de la justicia Euthymios Ioannidis. Sin embargo, la transferencia no se realizó.
Algunos de los antiguos ocupantes integraron la coordinadora vecinal San Roque González de Santa Cruz, que comenzó a gestionar la titulación de las tierras, pero sin éxito.