CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Los manifestantes, que según cálculos de los organizadores eran unas 2.500 personas y no más de 750 como dice la Municipalidad, se concentraron primero en la Plaza de la Paz, frente a la Municipalidad, para realizar la marcha. Denunciaron hechos de corrupción durante los 15 años de administración del clan Zacarías, periodo en el que alternaron en la Intendencia Javier Zacarías Irún y su esposa, Sandra McLeod de Zacarías, ambos colorados.
La Marcha por la Transparencia fue organizada por jóvenes de distintas nucleaciones políticas y apolíticas, reunidos en CDE Transparente. Desde temprano llegaron a la Plaza de la Paz dirigentes de barrios, abogados, mesiteros, paseros, trabajadores de tiendas, comerciantes, taxistas, universitarios y otros.
En la zona del Kilómetro 10, desde donde los taxistas hicieron una caravana, hubo un grupo de zacariistas que, con piedras, rompieron los vidrios de un bus y agredieron a periodistas del diario Vanguardia a quienes corrieron a pedradas.
Alrededor de las 11:00, un grupo multitudinario marchó por las calles del microcentro, acompañado de un fuerte contingente policial. “Fuera Sandra”, “Fuera ladrona”, “Fuera Ña Tilapia (haciendo alusión al filet de tilapia que supuestamente debería servirse más veces como almuerzo escolar)”, “dictadura nunca más”, fueron algunos estribillos que gritaban los manifestantes.
La caminata se realizó sobre la avenida Pioneros del Este y sobre la Ruta VII, desde el Kilómetro 1 hasta la zona primaria del Puente de la Amistad.
Luego de la marcha, en la Plaza de la Paz, los concejales municipales opositores, que conforman el G7 (María Portillo, Javier Bernal, Teodoro Mercado, todos del PLRA; Celso Miranda, Miguel Prieto, independientes, y el colorado Juan Carlos Barreto) recibieron simbólicamente de parte de los organizadores de la marcha un bibliorato y hojas varias con las firmas juntadas para pedir la intervención de la administración de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías.
Las 55 razones
Entre las 55 razones que durante toda la movilización se esgrimieron para pedir la intervención, se destacan la falta de acceso a la información pública desde hace 15 años, que viola la ley vigente al respecto; presunta sobrefacturación y obras no terminadas en la plaza Agustín van Aaken, donde la niña Sara Insfrán, de 2 años, murió electrocutada tras pisar un cable pelado; la supuesta existencia de cajas paralelas para el cobro de impuestos, el loteamiento fraudulento de espacios públicos, venta de calles, tráfico de influencias, sobrefacturaciones en el uso del Fonacide, la emisión de bonos para obras que quedaron inconclusas y otras.
Son las mismas denuncias hechas por el concejal Celso Miranda, que motivaron la demanda por difamación, calumnia e injuria entablada por la jefa comunal esteña en su contra. El caso iría a juicio oral y público.