Oficialmente, Frutos cuenta con protección policial desde el 18 de marzo de 2010. Según datos recogidos con anteriores jefes policiales, las guardias que estos ostentan datan desde hace más tiempo. Su “protección” fue solicitada por el juez penal de Garantías Samuel Silvero Martínez.
Otro que está “bajo eminente peligro” es el supuesto contrabandista Ezequiel de Souza Gómez, afincado en el km 5 de Salto del Guairá. A este le asignó custodia policial el fiscal Antidrogas Diosnel Giménez Dávalos desde el 17 de agosto de 2011.
Según los datos, De Sousa comandaría un esquema de envío de mercaderías de todo tipo al Brasil, en su mayor parte vía aérea, desde pistas clandestinas ubicadas en propiedades particulares. La designación de un guardia policial responde a que este empresario y sus familiares estarían siendo víctimas de coacción grave, amenaza de secuestro y amenaza de hechos punibles por parte de personas desconocidas.
El exfiscal (ahora juez de Liquidación y Sentencia) Ramón Trinidad Zelaya ordenó a su vez la protección de Luis Roberto Tandí Aguilar, Blas Hernán Vera, Bernardo Fleitas y Elías Ramón Ruiz, empleados del depósito de Cigarrillos “Distribuidora Velox”, propiedad de la Lida Noelia Alfonso.
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La medida fue dictada el 23 de setiembre de 2009 y sigue vigente hasta ahora. El motivo sería que se registró un hurto en el mencionado depósito, según el oficio de la causa.
Cuentan con guardia de seguridad policial igualmente varios locales comerciales, shoppings y edificios en construcción. Algunos tienen también orden fiscal, pero otros locales disponen de seguridad por determinación directa de los jefes policiales.
La mayoría de los casos de supuestas amenazas serían causas de fantasías creadas para legitimar una vieja práctica policiaca: la guardia privada con efectivos policiales.
El jefe de Policía de Canindeyú, comisario principal Pablino Vera, aseguró que al menos en su institución no hay pago por las guardias policiales. Sostuvo que apenas responden a las órdenes dictadas por las autoridades competentes.
¿Pagan por seguridad?
La designación de efectivos policiales para dar seguridad a los cigarrilleros y contrabandistas formaría parte de un esquema de redistribución de favores por los magistrados, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Supuestamente, los contrabandistas aportan cuantiosas sumas en dólares a los fiscales y jueces de la zona, además de otras instituciones, para evitar que haya algún tipo de investigación con relación a sus actividades. Los magistrados y fiscales niegan esta versión y aseguran que las resoluciones se ajustan a leyes vigentes de nuestro país.