Con guardias armados cosechan en Naranjito

NARANJITO, distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa (Juan Augusto Roa, corresponsal). El lugar del conflicto está individualizado como finca número 1508, padrón 29, distrito de San Rafael del Paraná, propiedad de Eitel Simon Schöller. El predio tiene 337 hectáreas, de las cuales 100 están cultivadas con maíz, unas 30 tienen cultivos de pino y hay una reserva forestal.

Simon Schöller cuestionó lo que calificó como “el negocio de la invasión” del que se estarían beneficiando funcionarios de la Policía Nacional, del Poder Judicial y políticos oportunistas, que alientan a los campesinos a invadir tierras buscando algún rédito en votos, bajo la falsa promesa de que lograrán la expropiación. Cualquier procedimiento que realiza la fiscalía o la policía tiene un costo económico al denunciante, expresó.

La fiscala Lorena Castelví tiene a su cargo investigar la invasión del inmueble.

“Para un fallido intento de identificación que se realizó el viernes 3 de junio me pidieron dos millones y medio de guaraníes para la policía y tres millones para la fiscalía, además del combustible para las patrulleras”, dijo. Agregó que no pagó la suma que le pidieron. “Por recomendación de mi abogado, el pago sería sobre resultados”, señaló.

El empresario relató que hace dos meses los extraños se instalaron en el terreno con el argumento de que existe un proyecto de expropiación presentado por el senador “Pakova” Ledesma (PLRA) hace unos años, pero que fue desestimado por ambas cámaras del Congreso Nacional.

Ya en 2011 se produjo una primera invasión, pero se realizó el desalojo. Ahora vienen de nuevo, nuevas personas, con el mismo argumento de que son tierras que no tienen título. Todos los documentos están en el expediente judicial de la denuncia por invasión que hicimos, pero la justicia es llamativamente lenta para resolver”, se quejó.

Simon Schöller refirió que, además de invadir la propiedad, los campesinos saquearon la vivienda de un cuidador, llevaron un sistema de paneles solares con otros equipos y robaron los animales de corral con total impunidad. “Aquí se han cometido delitos comunes, que fueron denunciados, pero nadie actúa”, enfatizó.

“Además de robarme el maíz, están talando árboles, que es un delito ambiental”, dijo. “También nos amenazaron con que no nos van a permitir sembrar. Viene la época de cultivar avena, pero no podemos trabajar”, indicó.