SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). A través de una escueta nota de mensaje el intendente de esta ciudad, Raúl Mendoza (PLRA), imputado por supuesto mal uso de los recursos de Fonacide, informó a la Junta Municipal sobre la contratación de la empresa El Farol SA, de Adelaida Cañete, para realizar la recolección de basura en el distrito. Argumentó que recurrió a una medida de urgencia porque existía una cesantía del servicio debido a que los camiones municipales se encuentran descompuestos.
El jefe comunal no especificó las condiciones del contrato, como tampoco plazos, tarifario y monto que cobrará la empresa por la realización del servicio. Indicó que la firma trabajará en la ciudad hasta tanto los camiones de la Comuna estén en condiciones de salir de nuevo, aunque tampoco citó los problemas específicos de los rodados.
Sin embargo, esta sería otra maniobra del intendente para conceder el servicio a Adelaida Cañete en forma directa, que domina el negocio de la basura en Central. La decisión incluso estaría violentando la ley 1618/2000 “Concesiones de obras y servicios públicos”, según nuestras fuentes.
Afirman que esta normativa, en su artículo 5°, dice taxativamente que el otorgamiento de toda concesión de servicio público, precedida o no por la ejecución de obra pública, se hará obligatoriamente por licitación pública. Es decir, el proceso de concurso no puede ser eludido.
La empresa El Farol SA, a través de su firma satélite Tu Recolectora SA, ya presentó el 30 de abril último a la Junta Municipal su intención de operar en la localidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por un grupo de ediles comunales.
La empresa “Tu Recolectora SA” incluso ya habilitó una oficina en esta ciudad.
Demasiado interés
El intendente de San Antonio, Raúl Mendoza (PLRA), desde el año pasado viene orquestando tercerizar el servicio de recolección de basura. Existe un proyecto presentado de una manera poco clara, en el cual propuso entregar los camiones de la Comuna a la empresa ganadora en forma gratuita y la concesión iba a ser por 10 años, y en caso de rescisión la Comuna debía pagar G. 1.000 millones.