El inmueble de 4,5 hectáreas está situado entre la ruta General Elizardo Aquino (Tepe tuja) y la autopista Confederación y fue cedido de manera irregular por 25 años por el intendente César Meza Bría (PLRA) y ocho de los doce concejales luqueños a la empresa Spazio Outdoor SA, representado por Ladislao Martínez.
El predio forma parte de un “área de reserva de las 1.800 hectáreas del Aeropuerto Silvio Pettirossi”, establecidas en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 9940/79 y declarado de interés general con base en requerimientos normativos internacionales del Convenio de Chicago –Estados Unidos– que crea la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y del cual nuestro país forma parte activa.
Sin embargo, pese a eso el 3 de diciembre del 2013 a “tambor batiente” fue aprobado por los ediles; Miguel Ángel Gill, Hugo Segovia, Manuel Morínigo, Francisca Franco y Mario Aguilera, todos liberales; el patriaqueridista Francisco Trigo, el colorado Pedro González y el oviedista Eliseo Fernández –a pedido del intendente César Meza Bría (PLRA), la autorización para la construcción de un supuesto proyecto gastronómico-deportivo denominado “Arena Luque-Lapacho Foosdsquare”.
Al aprobar el pedido, los ocho ediles también violaron abiertamente las leyes 352/94 y 2793/97, que declaran el sitio como “área de reserva ambiental y de seguridad nacional”.
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Intervención
El martes pasado, los técnicos de la Secretaría del Ambiente (Seam), a cargo del fiscalizador Julio Marecos, intervinieron el área protegida y encontraron que en el sitio se está ejecutando un relleno y compactación de escombro. Además existe restos de aceite de uso vehicular que alteran el equilibrio ecológico y recursos naturales. En las inmediaciones existe un cauce hidrico que es afectado por la contaminación.
La empresa Spazio Outdoor SA, reconocida en el país por trabajar en el ámbito publicitario y no en la construcción, tomó posesión del terreno en junio pasado. La firma en vez de ejecutar el supuesto proyecto gastronómico-deportivo en el sitio se encargo de alquilar todo el vallado perimetral hacia la autopista Confederación para la instalación de cartelería. Por lo que a más de los daños ambientales, también existe polución visual en el sitio.
El fiscalizador de la Seam Julio Marecos dijo que aparte de que la cartelería constituye polución visual, no se puede instalar en un terreno de área protegida, porque se está atentando contra el medio ambiente.
Carlos Doldán, jefe de Inspectoría General (departamento encargado de autorizar o rechazar los pedidos de publicidades), confirmó que la empresa no cuenta con permiso para colocar su cartelería publicitaria en la zona.
Según el funcionario, el enorme cartel de más de 500 metros, instalado a un costado de la autopista no constituye polución visual, porqué está ubicado en un sitio privado y lejos de la vía.
Doldán explicó que ya notificó a la empresa, que se comprometió a regularizar el pago por unos 500 metros de gigantografías.
Más infracciones
La empresa publicitaria también estaría violando la Ley 75/68 y el Decreto 22094/47, que restringen el uso de espacios públicos de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al colocar varias gigantografías en las inmediaciones del parque Ñu Guasu, sobre la autopista Confederación.
Además de la leyes, la colocación también viola la Ordenanza Nº 29/12 “que regula la instalación de publicidad y propaganda”. Pese a eso la Comuna solo se limitó a pedir la “regularización” del pago por la cartelería y no el retiro total de la publicidad.
arnaldo.espinola@abc.com.py
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