SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ (Omar Acosta, corresponsal). Construcciones de aulas y sanitarios fueron abandonadas en el Colegio Nacional de San Pedro de Ycuamandyyú. Esta institución se suma a dos escuelas y dos colegios de las colonias Barrial y Oñondivepa del distrito de Tacuatí y los padres de los alumnos también ponen en duda el inicio de clases y anuncian movilizaciones para exigir la culminación de los trabajos.
Dicen que ya no quieren que los niños y jóvenes sigan dando clases bajo árboles, así como ocurrió en el año 2018.
En el citado colegio se encuentra paralizada y abandonada una construcción de tres plantas con aulas. La obra fue adjudicada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) al Consorcio Central, dentro de un paquete presupuestado en más de G. 23.606 millones.
El Consorcio Central es representado por Édgar Ahrens Barrios y cuyos socios son Fernando Marcial Moreno Martínez y Celso Isidro Moreno Martínez, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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La fiscalización de las obras está a cargo de la firma Red de Ingeniería de Servicios SA (Redinsa), representada por el ingeniero Fernando Pekholtz Recalde.
Una parte del pabellón en construcción se derrumbó y causó un gran susto entre los alumnos el 7 de marzo del año 2018.
Las comunidades educativas lamentaron el desinterés de las autoridades de turno para solucionar los problemas de infraestructura de la educación pública.
El secretario general de la Gobernación de San Pedro, Edgar Arzamendia, dijo que están trabajando en forma coordinada con el MEC y están remitiendo todas las denuncias que reciben con relación a las obras inclusas y abandonadas.
El ministro de Educación, Eduardo Petta, en conversación con ABC Cardinal 730 AM reconoció ayer que a nivel país hay 216 salas de clases en crisis.
Indicó que planean instalar aulas móviles para el inicio de clases, ya que las obras de refacción se ven frenadas por “chantajes” de fiscalizadoras que pretenden aumentar el costo de los trabajos.
El MEC, con aval de la DNCP decidió no hacer lugar a la “extorsión” e iniciará el proceso para la rescisión del contrato y luego reclamar legalmente el incumplimiento del convenio firmado durante la gestión del exministro Enrique Riera, dijo.