Durante una visita a nuestra redacción, González Falcón relató su odisea desde el año 2008. Relató que ese año recibió una contraliquidación por G. 946 millones de unos despachos menores por “canal rojo (tiene que ser verificado en forma detallada)”. Sin embargo, aseguró, su firma no realizó tal movimiento de mercaderías, que después se enteró eran silos ingresados del Brasil.
Realizó la denuncia fiscal y se descubrió que cinco funcionarios aduaneros estaban involucrados en la irregularidad. Se trata de Edgar de los Santos Peña Capdevila, quien era jefe de Registro en esa época; los valoradores Julio César Ayala Martínez y Justo Ismael Agüero, y los vistas Julio César Benítez Bogado y Adriana Ayala Galeano.
El fiscal Juan García de Zúñiga imputó a los aduaneros Julio César Ayala Martínez, Justo Agüero Verón, César Benítez Bogado, Adrián Ayala Galeano y Édgar de los Santos, para quienes luego pidió sobreseimiento definitivo. En marzo del 2015, la Cámara anuló el sobreseimiento, y la preliminar fijada para el 18 de abril pasado se suspendió porque cuatro de los imputados no se presentaron.
Después, García de Zúñiga solicitó suspender la audiencia marcada para el 22 de junio, argumentando recarga de trabajo. De esa forma actuó como defensor de los imputados, por lo que corresponde que se aparte del caso si tiene un mínimo de ética y decoro, dijo González Falcón.
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Tardó cinco años para demostrar que su empresa no tuvo participación en el ingreso de los silos y que quien falsificó su firma fue el despachante aduanero Sixto Insaurralde Maidana, quien ni siquiera fue incluido en el proceso de investigación. En setiembre de 2011 González Falcón fue sobreseído y la responsabilidad recayó sobre Insaurralde Maidana que debe abonar la contraliquidación de G. 946 millones. La empresa Paraná hasta el momento se encuentra bloqueada por la Aduana por falta de finiquito del proceso judicial.