CAACUPÉ (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). En mayo de 2015 el arquitecto Carlos Ramón González Caballero denunció a la Gobernación de Cordillera ante el Ministerio Público, por producción de documentos públicos de contenido falso (falsificación) y otros delitos a precisar. Argumenta que según una constancia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) él figuraba como personal contratado de la Gobernación de Cordillera desde 2010 hasta junio del 2014.
Explicó que se enteró del hecho cuando fue adjudicado con una licitación para hacer una obra de la Caja de Jubilaciones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La institución solicitó un informe de no ser funcionario del Estado y se encontró con la sorpresa de que su nombre figuraba como personal contratado en la Gobernación de Cordillera desde 2010 hasta junio del 2014. Según el informe de la Secretaría de la Función Pública, primero constaba como asistente y luego como fiscalizador de obras.
Imputados
En marzo de este año la fiscala Sunilda González imputó por estafa, hecho punible contra la prueba documental, producción de documentos públicos con contenido falso y abuso de documento de identidad a Juan Ramón González, Carlos Salvador Salinas, Zulma Bobadilla y Celso Gómez. Todos ocuparon el cargo de jefe de Recursos Humanos entre 2010 y 2014.
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Llamativamente, el gobernador Carlos María López (PLRA), ordenador de gastos y responsable de la administración, no fue imputado por la fiscala. La representante del Ministerio Público tampoco llamó a declarar al exgobernador y actual diputado Milciades Duré (PLRA), en cuya administración fue ingresado en planilla el nombre del Arq. González Caballero.
Según un informe de la SFP, el gobernador López mintió en su declaración testifical, afirmó la fiscala González. Al respecto, la agente manifestó que en los próximos días se realizarán varias diligencias y se tendrán más imputados en relación al caso.
Anunció que el 27 de julio próximo serán llamados a declarar Duré, López y otros funcionarios.
La fiscala indicó que para determinar si se cobraron o no cheques a nombre de la víctima a fin de saber si hubo o no daño patrimonial, en una primera etapa se solicitaron informes a todos los bancos con los que opera la gobernación. Todos los reportes son negativos, informó.
Por su parte, el gobernador Carlos María López ratificó que González Caballero nunca formó parte del plantel de funcionarios en su administración. Agregó que no existen contrato ni facturas emitidas por el mismo o planillas de asistencia.
Asimismo, señaló que para contratar para el cargo de fiscal de obras se realiza licitación y que el puesto es ocupado por el Arq. Jorge Vergara desde 2013 hasta hoy.
López afirmó también que los registros de la SFP se encuentran desfasados y que a pesar de la baja dada a González Caballero en períodos anteriores a su administración, continúa figurando en planilla.