Desalojan a concejales y abogados que protestaban en Gobernación

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Los concejales Celso “Kelembu” Miranda (independiente) y Miguel Martínez (PLRA), junto con los abogados Paraguayo Cubas y Jorge Brítez fueron desalojados del predio de la Gobernación de Alto Paraná donde protestaban. Ingresaron con paquetes de galletitas “sobrefacturadas” distribuidas por la institución en las escuelas.

CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Arrodillados, el concejal municipal Celso “Kelembu” Miranda (independiente) y el edil departamental Miguel Martínez (PLRA), junto con los juristas Paraguayo “Payo” Cubas y Jorge Brítez, entraron ayer a la Gobernación. Como una forma de denunciar irregularidades en el proceso de compra de alimentos para la merienda escolar realizada por la administración departamental, llevaron decenas de paquetes de galletitas que son distribuidas en las instituciones educativas de la zona.

Dentro de la sala de espera de la Gobernación, el jefe de gabinete de esa institución, Juan Leonardo Rodas, intentó impedirles el paso. Después llegaron a las escaleras que conducen a la sala del jefe departamental y allí, un grupo de policías les impidieron el paso.

Los manifestantes afirmaban querer hablar con el gobernador respecto a la calidad de las galletitas y las supuestas irregularidades que habrían existido en el proceso de adjudicación de la compra. Sin embargo, al llegar a la escalera que conduce al despacho de Justo Zacarías, policías cerraron el paso. Tras mucho insistir, finalmente los concejales y los abogados se sentaron en el piso, en la sala de espera, y allí permanecieron.

Con las galletitas formaron en el piso la palabra “bandido” y dijeron que no se retirarían hasta ser atendidos por el jefe departamental.

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Alrededor de las 17:00, efectivos de la Policía Nacional los desalojó y el abogado Brítez fue detenido.

Brítez fue llevado al calabozo de la Jefatura de Policía del Alto Paraná, frente a la cual fueron Cubas, Kelembu, Martínez y un grupo de seguidores, a protestar.

La Gobernación presentó una denuncia por perturbación de la paz pública y amenazas de hechos punibles. La causa aún debe ser designada a un fiscal, ya que aquellos que recibieron la carpeta se inhibieron del caso.