Descarada maniobra del “clan Núñez”

El “clan Núñez” de Villa Hayes orquestó una maniobra para la creación de una ley para la venta de 500 hectáreas de la Finca 916 a El Farol SA. El Congreso aprobó tres proyectos sobre el valioso inmueble, pero solo uno fue remitido al Poder Ejecutivo y dos fueron cajoneados.

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El grosero esquema de despojo fue montado desde el 4 de diciembre de 2013 para beneficiar a la empresa El Farol SA, propiedad de Adelaida Cañete y de la cual sería socio Basilio “Bachi” Núñez, exasesor político del presidente Horacio Cartes y diputado electo. Las 500 hectáreas pertenecen al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y forman parte de la codiciada Finca 916.

El 17 de mayo de 2018 fueron aprobados en la Cámara de Senadores tres proyectos de ley. El primero es el número 6094/18, presentado por el diputado Óscar Núñez (ANR); el segundo, para declarar de interés social y desafectación de 3.134 hectáreas a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); y el tercero, para declarar área silvestre protegida de dominio privado toda la Finca 916, más de 8.000 hectáreas.

El primer plan, de la Ley 6094/18, fue remitido el 29 de mayo al Poder Ejecutivo y tuvo promulgación automática el 7 de junio último. El presidente Horacio Cartes ignoró los dictámenes en contra de la Secretaría del Ambiente (Seam) y del MDN por considerar al inmueble como área silvestre protegida de los humedales del Bajo Chaco, según decretos 6473/11 y 8424/12. 

Los otros dos proyectos quedaron guardados en el cajón de algún escritorio de la Cámara de Senadores. 

Según nuestras fuentes, el exasesor presidencial y líder del “clan Núñez”, Bachi Núñez, se encargó de presionar para que la ley fuera aprobada en tiempo récord.

Los diputados y senadores que votaron a favor de la ley de venta a El Farol, así como Cartes, ignoraron leyes nacionales y convenios internacionales.

Todo apunta a que los dos proyectos de ley fueron tramitados solamente para desviar la atención del verdadero plan: despojar al Estado de la valiosa propiedad para favorecer a la cuestionada empresa El Farol. Esta firma desde 2009 arrienda las 500 hectáreas para depósito de basuras y paga apenas G. 100 millones (de acuerdo al contrato firmado con el MDN) y G. 200 millones (según El Farol) por año. 

En la ley que ordena la venta no se establece el valor del predio, lo que refuerza la sospecha de que estamos ante un gran plan de despojo al Estado.

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