Según expresaron los afectados, en el asentamiento están afincadas 54 familias. Señalaron que entre los ahora desalojados están embarazadas y ancianos.
Uno de los afectados, Fidel López, expresó sentirse estafado por los dirigentes porque incluso pagaba una cuota semanal por el espacio que ocupaba en el sitio. “Siempre asistí a las reuniones y pagaba lo que correspondía a las cuotas”, señaló.
Indicó que el desalojo de las 17 familias se realizó luego del trabajo de delimitación del terreno del asentamiento por parte de la Municipalidad local. Dijo que se encontró que una parte de la propiedad ocupada tiene título de propiedad. Incluso, uno de los dueños es el intendente Carlos Palacios (ANR). Mientras los restantes son inmuebles municipales.
Señaló que tras el trámite se realizó otra selección de los ocupantes, en el cual quedaron fuera las 17 familias y fueron elegidas personas con poder económico, expresó.
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López indicó que no tuvo otra opción que salir del asentamiento con sus pertenencias.
Los afectados solicitan la intervención de la Municipalidad porque los lotes son fiscales.
Intentamos hablar con uno de los dirigentes, Rubén Vargas, pero su celular estaba apagado.