SAN BERNARDINO, departamento de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). La Junta Municipal de San Bernardino trató ayer de tarde el recurso de reconsideración presentado por el empresario Afara Salomón y con el que pretende que sea anulada la cancelación del contrato que suscribió con el intendente para la explotación comercial de dos playas municipales a orillas del lago Ypacaraí.

Nueve personas pertenecientes al grupo “Pro San Ber” y el propio empresario Afara Salomón estuvieron presentes durante la sesión, rodeando a los concejales con el objetivo de presionarlos.

Salomón amenazó en una nota con demandas para la Comuna por daños y perjuicios, lucro cesante, pérdida de chance y daño a su imagen (daño moral), entre otros, que podría ocasionar perjuicios económicos a la Comuna, por haber sido cancelado por la Junta Municipal el acuerdo al que arribó con el intendente Luis Aguilar (PLRA).

Advirtió también a los ediles que tendrán que responder con sus bienes personales por los perjuicios ocasionados en el ejercicio de sus funciones, invocando erróneamente el Art. 276º de la Ley Orgánica Municipal, teniendo en cuenta que ese artículo se refiere a la responsabilidad de las autoridades comunales por los perjuicios que ocasionen a la Municipalidad en actos y operaciones autorizadas en contravención a las leyes.

Los concejales decidieron girar el pedido mencionado a la Asesoría Jurídica de la Junta, que tendrá diez días hábiles para responder.

Por su parte, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió un dictamen donde se especifica claramente que la concesión y explotación concedida por la Municipalidad a Afara Salomón está excluida de la Ley 2051/03, por estar bajo el régimen de la Ley 1618/2000 de concesiones y servicios públicos que en su artículo 5 establece claramente que “El otorgamiento de toda concesión de servicio público, precedido o no por la ejecución de obra pública, se hará obligatoriamente por licitación pública, de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamentación”.

Por tal motivo, el director de la DNCP, Abog. Pablo Seitz, manifestó que remitió los antecedentes del caso a la Contraloría General de la República, para que tomen intervención en el caso.

Contrato “leonino”

El monto estipulado en el contrato de concesión de las dos playas municipales es de G. 2.600 millones, de los cuales 1.000 millones irán a obras de infraestructura, “las que Afara considere pertinentes”.

Asimismo, las construcciones deberían realizarse con materiales desmontables, para que luego de la finalización del acuerdo pueda ser retirado por el gestor, pudiendo exigir a la Comuna un resarcimiento por los gastos realizados. Unos G. 1.100 millones son para la organización de eventos.

El resto del monto, es decir, unos G. 500 millones en efectivo, se pagará de la siguiente forma a la Municipalidad: G. 250 millones en el año 2021, G. 125 millones en 2022 y G. 125 millones en 2024.