ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). La abogada Primitiva Villalba Ferrari, una de las promotoras de la movilización ciudadana “Que no quede impune”, afirmó que el objetivo apunta a dar curso a un interés ciudadano de que los hechos de corrupción durante los últimos tres años de gobierno colorado en la administración comunal tengan castigo según la ley.
Graves irregularidades fueron evidenciadas por una auditoría externa realizada y el propósito del grupo de personas es que su informe tenga su seguimiento en el ámbito de la justicia.
La auditoría revisó la gestión de Juan Schmalko (ANR), electo intendente por el periodo 2010-2015. En 2013 renunció al cargo para asumir como director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y fue reemplazado temporalmente por la entonces concejala colorada Élida Bartonchelo, hasta la elección de Joel Maidana (ANR) para culminar el periodo.
Maidana asumió en diciembre de 2013, pero renunció tres meses antes de finalizar el mandato, para presentarse nuevamente como candidato, siendo sustituido por el entonces concejal Hugo Barreto (ANR), a quien le cupo terminar el periodo.
“Exigimos que este reclamo ciudadano de justicia y fin de la impunidad, que comenzó hace más de un año con la campaña por la auditoría externa, no quede en el clásico oparei”, indicó Villalba. También piden que los fiscales actúen de oficio ante los hechos de corrupción detectados y que tomaron estado público, dijo.
Refirió que la Contraloría General de la República (CGR) está obligada a tomar intervención y que esperan que las autoridades comunales impulsen las acciones que corresponden al caso, y llevar a la justicia los casos de corrupción detectados.
Una auditoría externa practicada a las ejecuciones presupuestarias de los años 2013, 2014 y 2015 en el municipio encarnaceno permitió evidenciar la utilización indebida de fondos provenientes de royalties, recursos del Fonacide empleados en la construcción de empedrados, créditos adquiridos para obras que no fueron ejecutadas, recursos aportados por la EBY para el Hospital Pediátrico Municipal, que no fueron transferidos al Consejo Local de Salud, entre otros hechos.