Esperan que ministro del Interior se expida sobre pedido de intervención

La Junta Municipal de Quyquyhó en diciembre del año pasado presentó al Ministerio del Interior un pedido de intervención de la administración de la intendenta Patricia Corvalán (colorada abdista), aprobado con votos de cinco concejales de los nueve que integran el colegiado. Tres meses después continúan esperando que el ministro Juan Ernesto Villamayor se expida al respecto. Argumentan una serie de irregularidades en el ejercicio fiscal 2018.

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Los concejales que votaron a favor de la intervención de la administración de la intendenta Patricia Corvalán son Dailys Pereira y Natividad de Jesús Morel (Unace), Adriano Ramón Duarte y Clementina Fernández (ANR) e Isidora Benítez (PLRA). Rechazaron los colorados Carlos Solís, Bernardo Cabrera, Gerardo Correa y Bernarda Domeq.

Ya pasaron tres meses de la presentación del pedido y los cinco concejales esperan que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, se expida al respecto. Una vez que el secretario de Estado tome una decisión y en caso de que sea favorable a lo requerido por la Junta Municipal, la solicitud debe ser tratada por el pleno de la Cámara de Diputados.

Corvalán es esposa del diputado Esteban Martín Samaniego Álvarez (colorado abdista). La jefa comunal sucedió en el cargo a su marido, que fue denunciado por la Junta Municipal de la administración anterior por un presunto faltante de G. 10.000 millones del periodo 2011-2017, pero la investigación de la fiscalía no avanza debido a chicanas de la defensa del legislador.

Corvalán maneja un presupuesto municipal superior a G. 4.000 millones y los concejales sospechan del uso irregular de los recursos.

En el pedido de intervención los ediles resaltan la falta de rendición de cuentas del segundo y tercer cuatrimestre del año 2018, así como el balance de gestión de 2018. La gestión de Corvalán no tiene aprobado ningún proyecto de inversión, no presentó informes cuatrimestrales y tampoco el balance de gestión del 2018.

Asimismo, no puso a consideración de la Junta Municipal el proyecto de presupuesto municipal del año 2019, afirman.

Otra irregularidad denunciada es el pago de G. 3 millones en concepto de aguinaldo a su marido, el parlamentario Esteban Martínez Samaniego, quien renunció al cargo de intendente en enero del año 2018.

Mencionan que no realiza llamados a licitación para realización de obras y no informa a la Junta Municipal sobre el manejo de los recursos comunales, pese a los pedidos. Cuestionan también la permanente ausencia de la jefa comunal a la institución, ya que supuestamente concurre a su despacho solamente cada quince días.

Ahora, un grupo de ciudadanos, entre ellas la historiadora y escritora Milda Rivarola, denunció que el “clan Samaniego”, con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), destruyó el casco histórico cultural de la ciudad al asfaltar el adoquinado antiguo de la zona. La jefa comunal y sus adherentes replican que quienes se quejan son “personas foráneas que se oponen al progreso del distrito”.

Desconfianza

Los ediles no confían en que el pedido de intervención prospere, porque el legislador y la intendenta en setiembre de 2018 pasaron de la fila del movimiento Honor Colorado (HC) a Colorado Añetete, con lo que asegurarían impunidad. Tienen la bendición del cuestionado exgobernador de Paraguarí y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (abdista).

Es más, Samaniego es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales de la Cámara de Diputados, mientras el vicepresidente es Tomás Fidelino “Éver” Rivas, también de Paraguarí.

“Castigados” por denunciar

Los concejales críticos a la administración de la intendenta Patricia Corvalán como “castigo” no perciben dietas y aguinaldo desde 2017. Hasta ahora se les adeuda G. 125 millones en dichos conceptos. Cansados de solicitar por nota a la intendenta el cumplimiento de los pagos se constituyeron en octubre del 2018 en la Municipalidad con la escribana María Elena Caballero López, pero la jefa comunal no se encontraba en la institución y los funcionarios indicaron que acude una vez por semana o cada 15 días a su despacho.

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