FUERTE OLIMPO, Dpto. de Alto Paraguay (Carlos Almirón, corresponsal). La Circunscripción Judicial de Alto Paraguay fue creada en el año 2012, pero recién en 2015 comenzó a funcionar una sede en esta capital departamental, luego de reiterados reclamos y denuncias. Los funcionarios nombrados o contratados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la zona nunca asistieron.
Monseñor Escobar dijo que tiene la confirmación de que más de 50 personas fueron destinadas por la Corte a Alto Paraguay, pero nunca aparecieron por la zona. Sostuvo que el hecho representa una verdadera corrupción, atendiendo las enormes necesidades del departamento.
Todas las designaciones se habrían producido por orden del exministro Óscar Bajac, quien fue el impulsor de la creación de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay y por varios años fue superintendente de la zona.
Lo más grave de la situación es que actualmente la CSJ procede a ordenar el traslado masivo de los juzgados de Fuerte Olimpo a Puerto Casado.
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Con la medida se les obliga al desarraigo a los funcionarios que vinieron de otras regiones hace años y que se asentaron en esta comunidad. Pero nada se hace para obligar a los “planilleros” a trabajar en el departamento, enfatizó.
La presidenta de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, abogada María Gloria Torres, reconoció la existencia de funcionarios que trabajan en otras regiones del país con rubros pertenecientes al Alto Chaco. Sin embargo, no supo precisar la cantidad de rubros que están en juego.
Dijo que “se está trabajando para tratar de ubicar a los funcionarios y obligarlos a trasladarse al departamento”. En caso contrario deben renunciar para poder nombrar a personas de la zona.
El intendente de Fuerte Olimpo, Sergio Cuéllar (ANR), dijo que por varios años los pobladores del departamento sufrieron la ausencia del Poder Judicial y tenían que trasladarse a la ciudad de Concepción, distante a 600 km, para realizar los trámites legales.
“Se luchó mucho para que los juzgados de esta circunscripción se instalen en esta comunidad, se logró también constituir una sede de fiscalía y de Defensoría Pública. Lo que hace la Corte al ordenar el traslado de los juzgados es un retroceso judicial para los pobladores”, se lamentó el jefe comunal.