LIMPIO (Rocío Portillo, corresponsal). El expárroco de esta ciudad presbítero Silvestre Olmedo fue denunciado por acoso sexual por la excoordinadora de la Pastoral Juvenil de la parroquia San José Alexandra Torres (20). Según relató la joven, el clérigo en un principio le expresaba su interés en palabras y, considerando esa situación, ella trató de evitar estar cerca de él. Pero el 21 de setiembre, el religioso aprovechó que se encontraba sola en la secretaría parroquial para manosearla en la espalda y el pecho, aseguró.
El sacerdote Silvestre Olmedo fue imputado el 28 de diciembre por coacción sexual por la fiscala interina de Limpio Luciana Ramos, quien tiene a su cargo investigar la denuncia presentada por Alexandra Torres. Ayer, la jueza en lo penal de esta ciudad, Elsa Idoyaga, ordenó su remisión a la penitenciaría de Tacumbú.
Olmedo se presentó ayer al Juzgado de Limpio en compañía del abogado Luis Barrios Barán para una audiencia de imposición de medidas y se abstuvo de declarar. Al ser informado de la decisión de la magistrada, el religioso se descompensó y fue llevado al hospital maternoinfantil de Limpio, donde se detectó que tenía un cuadro de hipertensión y en horas de la noche fue llevado a un hospital privado donde fue nuevamente inspeccionado y quedo internado, por lo que no fue llevado aún a la cárcel.
A inicios de febrero, el abogado Luis Barrios Bazán presentó un pedido de nulidad del expediente ante la jueza Elsa Idoyaga y la magistrada rechazó su solicitud. Entonces, recurrió a la Cámara de Apelaciones, que también rechazó el incidente procesal.
Los motivos para la petición de nulidad de la imputación es que el acusado no cometió un acto sexual consumado, como caratuló la fiscala Luciana Ramos, bajo el hecho punible contra la autonomía sexual, coacción sexual y violación, expresó Barrios Barán en conversación con ABC Cardinal en ese momento.
La fiscalía tiene seis meses de tiempo para realizar la investigación del hecho denunciado y que generó uno de los mayores escándalos de la Iglesia Católica en nuestro país. El acusado se expone a una pena de hasta 10 años de privación de libertad.