SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). El fiscal adjunto Patricio Gaona dijo que fue recusado por el intendente de esta ciudad, Albino Ferrer (colorado cartista) “por enemistad manifiesta” y por “haber supuestamente prometido a los ciudadanos la imputación del jefe comunal”. En tanto, la fiscala Susana González fue recusada con el argumento de que solicitó trabajo en la Municipalidad para un familiar y se le fue negado por lo que se presume que no actúa con imparcialidad.
Al ser recusado Gaona no puede atender la diligencia presentada en contra del González, que es su subalterna. El caso debe ser resuelto por la Fiscalía General del Estado.
La recusación fue considerada como un acto dilatorio, una chicana, por los ciudadanos Meliton Bittar, Silvia Villalba, Víctor Rodríguez y Blanca Barrios, que desde hace años vienen haciendo seguimiento de las denuncias presentadas por irregularidades en la gestión de Albino Ferrer, que está realizando su segundo periodo de mandato como intente.
En el año 2015 Ferrer fue denunciado por mala utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y también por presunto enriquecimiento ilícito por hechos ocurridos en 2013. La fiscala Viviana Riveros tuvo a su cargo la investigación del primer caso, pero luego pasó a la unidad de Susana González, mientras el segundo recayó en la unidad de la fiscala María Genoveva Figueredo.
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La abogada Esther Roa, dirigente de los “escrachadores” de políticos corruptos, en una reunión con el fiscal Gaona expresó que resulta intolerable el proceder del Ministerio Público, y que si no se animan a imputar, acusar y mandar a la cárcel a quienes roban al pueblo, deben irse a sus casas.
Refirieron que la investigación avanza a paso de tortuga porque el hecho ocurrió en 2013 y la denuncia se llevó a cabo en 2015, el delito podría prescribir.
Los ciudadanos vienen exigiendo celeridad en el proceso desde mediados de este año en la Fiscalía General, entonces a cargo de Javier Díaz Verón, actualmente procesado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, así como ante la fiscala Viviana Riveros y el fiscal adjunto Patricio Gaona.
Causas estancadas
La fiscala inicial de la causa Viviana Riveros nunca avanzó en la investigación, pese a que ciudadanos le entregaron documentos y un informe de la Contraloría General de la República, que refiere que la comuna utilizó G. 8.485 millones del Fonacide, sin llamar a licitación. Además, el grupo Che Kuerái había presentado denuncias de presunta sobrefacturación en obras y en compra de muebles para el colegio Saturio Ríos.
Llamativamente, la agente fiscal María Genoveva Figueredo que tiene la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Ferrer, tampoco realizó diligencias importantes, pese a que la denuncia data del 2 de noviembre del año 2015. El fiscal Gaona le mostró a los ciudadanos indignados una nota por la cual, tras una auditoría, instó a la agente a esclarecer lo denunciado y a llegar a un acto conclusivo.