ENCARNACIÓN (José Miguel González, de nuestra redacción regional). El director jurídico de la Municipalidad encarnacena, William Amarilla, afirmó que la huelga llevada adelante por un sector del área de limpieza y barrido fue ilegal y extorsiva. Afectó los servicios básicos de la población, añadió.
Solicitaron un aumento del 10% para los empleados que cobran el sueldo básico. También un cupo de 100 rubros para seguro del personal de limpieza.
Cuando comenzó la movilización, el intendente Luis Yd (Alianza) calificó como “extemporánea e inoportuna” porque desde hace un par de meses está instalada una mesa de trabajo para mejorar desde 2017 las condiciones salariales y laborales de los empleados del sector.
El Sindicato de Funcionarios de la Municipalidad de Encarnación (Sifumuen) fue creado por Estanislao Aponte, quien funge de secretario general. Tiene 440 afiliados.
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La Municipalidad apeló ayer por segunda vez una providencia que admitió la personería del Sifumuen para ser parte del juicio en el marco del pedido para declarar ilegal la huelga. Yd aseguró que la huelga “es un capricho personal” de Aponte que tiene interés en mantener sus privilegios dentro de la institución.
Dirigente y empresario
Estanislao Antonio Aponte es afiliado del Partido Colorado y se desempeña como encargado de barrido de la Comuna, institución a la que ingresó en 1997. Percibe una remuneración mensual de G. 3.937.000.
Llamativamente, lleva una vida de rico y se desplaza a bordo de un automóvil con valor aproximado de US$ 20.000.
Aponte es un genio de las finanzas. Es propietario de al menos cinco empresas, como una casa de repuestos para motocicletas, una casa de electrodomésticos, un servicio de seguro médico privado y además es directivo de una cooperativa de funcionarios comunales.
Precisamente, su empresa de seguro médicos, Seguro del Sur SA, es una de las firmas encargadas de proveer seguro para los funcionarios de la Municipalidad de Encarnación.
El intendente Yd señaló que la firma recibe mensualmente G. 89 millones de la Comuna. Cada funcionario recibe un canon de G. 160.000 mensuales en concepto de subsidio para la salud, por lo que son unos 600 funcionarios los que cuentan con el servicio de seguro proveído por la firma vinculada al dirigente sindical.
Entre las exigencias del sindicato liderado por Aponte figura, precisamente, un aumento de G. 20.000 mensuales por cada funcionario en concepto de subsidio de salud y que el cupo aumente para 100 empleados más. Con esto, la firma que pertenece al funcionario pasaría a recibir unos G. 130 millones mensuales de la Comuna.
Además, el anuncio de que en 2017 se llamará a una nueva licitación por el seguro médico para los funcionarios también habría creado molestias en Aponte, cuya empresa se podría quedar sin un ingreso mensual importante.
Para rematar, Aponte tiene tres hijos y una nuera con sueldo municipal.
“Siempre trabajé y mis padres me dejaron de herencia un campo con ganado”, dijo ante nuestra pregunta de cómo logró amasar tanta fortuna.