El humedal del Bajo Chaco, considerado como un espacio fundamental para el área metropolitana porque constituye una reserva ecológica extraordinaria, donde el estero y el conjunto de bosques permiten controlar la temperatura ambiente, podría desaparecer con la venta de la 507 hectáreas de la Finca 916, propiedad del Ministerio de Defensa, a El Farol, a cargo de la empresa coreana KBEC Ltda., representada por Ted K. Song, para la instalación permanente de un vertedero de basuras.
El proyecto de transferencia fue aprobado por el Senado días atrás. El senador colorado Julio César Velázquez, quien tuvo a su cargo la presentación de la iniciativa, fundamentó que la firma necesitaba seguridad de contar con el terreno para seguir invirtiendo. La propuesta tuvo el acompañamiento mayoritario de los legisladores.
La empresa “especializada” en recolección y tratamiento de basuras actualmente alquila el inmueble a un precio irrisorio de G. 100 millones en forma anual, unos G. 8.333.333 mensuales (G. 16.436 la hectárea), según el convenio firmado con la cartera estatal el 14 de enero de 2009. El arrendamiento es por un plazo de 20 años, con una revisión del acuerdo a los 10 años.
El documento, que estipulaba una serie de compromisos, desde un principio fue muy cuestionado porque se incumplieron exigencias de la de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y otras normativas ambientales como en ese entonces la falta de licencia ambiental de parte de El Farol.
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La reserva, declarada “Área Silvestre Protegida”, según decreto 6473 del 20 de abril de 2011, siempre fue considerada zona no apta para la instalación del emprendimiento; incluso existe un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que recomienda impedir la prolongación de cualquier contrato con personas físicas o jurídicas que se encuentren ocupando la Finca 916 desarrollando actividades que no sean ambientalmente compatibles con la disposición.
El funcionamiento de El Farol en el sitio también arrastra innumerables denuncias sobre malos manejos de los residuos. En 2015, incluso fue intervenida y multada por la Secretaría del Ambiente (Seam), luego de constatarse múltiples falencias como la deficiente gestión del lixiviado que se generan en los módulos.