Uno de los últimos casos se registró en Katueté, en una propiedad administrada por un grupo de colonos brasileños.

Pobladores de la zona de Katueté, departamento de Canindeyú, denuncian la masiva tala indiscriminada en una propiedad de 100 hectáreas administrada por colonos brasileños “desconocidos”, en una abierta transgresión de la Ley 2524, conocida como “Ley de deforestación cero”, que rige en la Región Oriental. Indicaron que actúan respaldado por poderosos políticos colorados de la zona, aunque no revelaron nombres.

La propiedad se encuentra ubicada a unos 20 kilómetros del casco urbano de Katueté en la zona denominada como Ibel Paraguaya. Los bosques son reemplazados por extensos sojales.

Un equipo periodístico de este diario constató que gran parte del área de reserva de la propiedad estaba ardiendo en llamas. El incendio habría sido provocado por los depredadores para tratar de engañar a las responsables de instituciones destinadas a controlar y proteger los recursos naturales, como la Secretaría del Ambiente (Seam), el Instituto Forestal Nacional (Infona) y la Fiscalía del Ambiente.

Los depredadores prenden fuego a los montes, luego denuncian como incendio para finalmente convertir en cultivos de soja, denunciaron los pobladores.

Durante nuestra presencia en el lugar hace unos días, unas diez personas se encontraban realizando tareas de limpieza con maquinaria pesada y motosierras. También, un camión de gran porte estaba cargado de maderas convertidas en leña.

Según los lugareños, los rollos de madera son extraídos del lugar en horas de la noche para evitar ser molestados durante el traslado.

Los pobladores urgen que el fiscal del ambiente de Salto del Guairá, Julio César Yegros, intervenga antes de que los colonos brasileños arrasen con los últimos bosques de la zona. También indicaron que la Seam y el Infona cumplan con seriedad su función.

A unos 20 km del inmueble, en la colonia Yhovy, funcionan dos enormes aserraderos donde llevan la mayor parte de los rollos de madera de diversas especies. João Vales y Antonio José Fernández, responsables de los establecimientos vecinos, aseguraron que cuentan con todas las documentaciones expedidas por el Infona y que solamente compran las maderas acarreadas por “personas extrañas”.