ARROYOS Y ESTEROS, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). En el barrio Costa Alegre de la compañía Cañada Domínguez unas 78 familias ingresaron el 5 de enero a una propiedad de 400 metros de frente y 150 metros de fondo, perteneciente al coronel (SR) Efigenio Fidel Ramírez.
Wilma Carísimo, una de las líderes de la invasión, manifestó que el militar tiene ocho hectáreas y que la zona ocupada es un excedente fiscal y que le pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Forma parte de la Finca N° 4338, con Padrón N° 193, indicó.
La ocupación es denominada “Asentamiento La Victoria” y los invasores integran la comisión María Auxiliadora, presidida por Richard Núñez. Construyeron casitas de madera y delimitaron calles, plazas y sitios de reunión.
Segundo caso
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Otro predio ocupado se encuentra sobre la ruta que une Tobatí con Arroyos y Esteros, también en la compañía Cañada Domínguez. Unas 200 familias ingresaron a un terreno que pertenece hace más de 40 años a las familias Cabrera-Ruiz y Aceval, entre otras, según los datos.
El inmueble forma parte de unas 521 hectáreas que fueron expropiadas a favor del Indert en 2005 supuestamente para fines sociales. Desde ese momento un grupo de más de 130 familias ocupó el sitio.
Los invasores denunciaron que ocho familias se quedaron con gran cantidad de esas tierras y que cada una tiene un promedio de 10 a 20 hectáreas.
A pesar de los reiterados pedidos, el Indert no regulariza la situación de la mayoría de las propiedades hoy en conflicto, por lo que no cuentan con título. Ese es el caso de la familia Cabrera Ruiz, que dice que ocupa el lugar desde el año 1958.
Responsabilizan a políticos
Los afectados acusaron al ministro de Agricultura, el arroyense Denis Lichi; al diputado Nazario Rojas Salvioni (ANR, cartista) y al intendente de Arroyos y Esteros, Lázaro Ovelar (ANR cartista), de incitar a los invasores y apoyarlos con la distribución de víveres.
Por su parte, Lichi, Rojas Salvioni y Ovelar negaron estar involucrados en el hecho, aunque coincidieron en afirmar que urge una intervención del Indert para solucionar el conflicto y regularizar la situación de los que aparecen como propietarios y la de los invasores.