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El representante del Ministerio Público remitió el miércoles último una nota a la Junta Municipal local solicitando fotocopias autenticadas de la normativa aprobada el 24 de febrero del 2015 y de todos los antecedentes que hayan en la institución respecto a esa ordenanza, como minutas, actas y otros documentos.
La pesquisa se basa en una denuncia presentada por el abogado Nicolás Russo en representación del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Ciudad del Este, de la ANNP.
Además de la intendenta, se encuentran investigados los concejales municipales colorados Alberto Rodríguez Florentín, Nery Alipio Jara Torres, Gustavo Ruiz Díaz, Celso Morel, Isaías Álvarez Alarcón y Aida Molinas Ramírez. También, Juan Ángel Núñez, que fue reelecto en el cargo.
Según el abogado Russo, la Ley 1066/65 prohíbe al directorio de la ANNP comprometer los intereses de la institución en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto, que es administrar y operar los puertos del país.